Controversia con Justicia del Trabajo que apuntaba a declarar inconstitucional norma clave para el Gobierno. Colegas del magistrado ya habían derivado sus expedientes a fuero laboral. Define Cámara.
Pablo Godoy Vélez.
En lo que es el inicio de una controversia judicial (pero también política) un juez del fuero Contencioso Administrativo Federal salió al rescate de los amparos presentados que apuntaban a declarar la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de ART, iniciativa medular para la Casa Rosada. Pablo Cayssials se pronunció ayer por pedir la "inhibitoria" de la Justicia Nacional del Trabajo y reclamó para sí mismo el trámite del caso que, como adelantó Ámbito Financiero, tenía pronóstico negativo para las aspiraciones del Gobierno. A la complejidad del trámite se le suma ahora lo que en derecho se conoce como "escándalo judicial" que significa fallos contradictorios entre jueces del mismo nivel y fuero por idéntico tema. Dos magistrados del fuero Contencioso Administrativo Federal -por acciones similares- ya se habían declarado incompetentes para actuar y habían coincidido en centralizar todo en la Justicia laboral, enfrentada con la administración Cambiemos.
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El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) conducido por Jorge Rizzo pedirá la nulidad de esa decisión y además apuntará contra el juez: anunció que exigirán que "se extraigan testimonios" para evaluar sanciones ante el Consejo de la Magistratura. El CPACF tiene sentada allí a Adriana Donato, quien preside el órgano de selección y remoción de jueces.
Cayssials se pronunció en una causa iniciada por una ART privada, Experta SA, cuyo objetivo, planteado el 2 de marzo pasado, era que se declare constitucional la reforma encarada por el Gobierno y sancionada por el Congreso que estableció la obligatoriedad de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como paso previo al inicio de cualquier acción judicial en materia de accidentes de trabajo. Considerada por Cambiemos como una de las normas que acotarían la industria del juicio y fomentarían el clima de inversiones, tuvo inmediata resistencia por parte de las agrupaciones de abogados porteñas. Sin embargo, Experta ART SA acudió a los tribunales para asegurarse que la norma fuese constitucional, un pedido exótico teniendo en cuenta que todavía la reforma no tenía fallos en contra que la anularan.
La ART solicitó al juez que se unifiquen todos los casos que estuvieran abiertos y que se agruparan bajo su órbita. Eso incluía los amparos iniciados por Rizzo (en nombre de sí mismo), el CPACF y Gente de Derecho, la agrupación que es oficialismo en el órgano público que aglutina a los abogados de la matrícula.
"La competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal se encuentra definida no sólo por el órgano productor del acto, o porque intervenga el Estado, sino por la materia en debate, por su contenido jurídico y por el derecho que se intenta hacer valer; esto es, por la subsunción del caso al Derecho Administrativo", afirmó el juez que con su decisión, absorbió al menos 5 amparos dispersos todos en la justicia del Trabajo. "La cuestión no se ciñe a un conflicto fundado, esencialmente, en disposiciones legales o complementarias del Derecho del Trabajo, sino sobre la validez de una norma general, que responde a una cuestión de política legislativa", argumentó el juez. Su colega del mismo fuero, Rita Ailán se había declarado incompetente cuando desde la Justicia laboral comenzaron a discutir a qué juzgado le correspondía entender en esta cuestión sensible. Lo mismo había sucedido cuando la agrupación Encuentro de Abogados Independientes que preside Juan Pablo Godoy Vélez había acudido al Contencioso Administrativo Federal para interponer un amparo. Allí también rechazaron la competencia y se lo derivaron al fuero laboral, donde recientemente fue ratificado por la Cámara del Trabajo el juez Alejandro Aníbal Segura. Ese magistrado ya había volteado el DNU con el que Mauricio Macri impuso la vigencia de la reforma, previo a su sanción definitiva en el Congreso. Anticipó que haría algo similar más allá de que el Ejecutivo la promulgue como ley, y el oficialismo fracasó en su intento por correrlo, tras un revés judicial de la Cámara.
Los abogados pedirán "la nulidad absoluta e insalvable" de este fallo y quienes deberán resolver esta pelea son los camaristas que integran la Cámara donde inicialmente se planteó una diferencia, es decir la Cámara del Trabajo. Ya no solo se enfrenta Gobierno versus abogados en este tema, sino que a la pelea con el fuero laboral se le agrega ahora una puja entre federales y la justicia nacional.
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