Junto a seis imputados será juzgado por botín que pretendió ocultar, la mansión que poseía mediante testaferros y por un departamento que simulaba alquilar.
Un año, 3 meses y 14 días después de que el exsecretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, José López, fuera sorprendido arrojando bolsos cargados de dólares por sobre la medianera de un convento, su caso pasó a la etapa de juicio oral y público. El proceso, bajo la acusación de enriquecimiento ilícito, pide pista para ser uno de los que se lleven a cabo durante 2018. La decisión de elevar el caso a juicio la tomó el juez Daniel Rafecas.
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Actualmente detenido desde esa madrugada, López no estará solo en el banquillo: lo acompañará su esposa María Amalia Díaz, procesada por haber ayudado a disimular la propiedad de la mansión en la que ambos residían en Dique Luján, Tigre; y sus presuntos testaferros, el empresario Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez -titular del Grupo Farallón- y quien era el presunto locador del exfuncionario. La monja "Inés", Celia Inés Aparicio, quien arrastró uno de los bolsos con los casi u$s9 millones al interior del convento de las hermanas Orantes y Penitentes de General Rodríguez, también será enjuiciada, pese a que en un primer momento había logrado esquivar el procesamiento por encubrimiento.
En una resolución de 300 carillas, el juez dispuso que se envíe el expediente a sorteo para que se designe un Tribunal Oral Federal, que llevará adelante en un juicio oral y público, los tres tramos que forman parte del delito. La imposibilidad de justificar el dinero que se le encontró en los bolsos escondidos en el monasterio (u$s8.982.047 y 153.610 euros en efectivo); haber disimulado la propiedad de Dique Luján valuada en u$s680 mil y por haber simulado alquileres también en un departamento en la calle Las Heras, en Recoleta. Por este ultimo tramo se juzgará la compra del departamento 13° "B" del edificio de Las Heras 2032, para la cual López habría utilizado como pantalla la sociedad "Marketing y Eventos S.A." la que le pertenece al empresario Carlos Hugo José Gianni y al abogado Marcos Artemio Marconi.
El delito por el cual está imputado López prevé un pena de dos a seis años de prisión, multa hasta el 100% del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta y perpetua. De ser encontrado culpable (algo con final previsible salvo que decida revelar el origen del dinero, algo hasta ahora desconocido), el exfuncionario kirchnerista podría tener que purgar otros 2 años en prisión hasta acceder a una morigeración por los dos tercios de la condena cumplida. Quizá menos.
En su resolución, el magistrado rechazó "in limine" -es decir sin trámite- el planteo de nulidad de los requerimientos de elevación a juicio formulado por el defensor de Galera, Maximiliano Rusconi, quien recientemente asumió la defensa del jefe formal de López, Julio De Vido. Rafecas tampoco hizo lugar a la oposición a la elevación a juicio que ese mismo empresario hizo, con lo que formalmente quedó cerrada la etapa de instrucción. Las otras cinco defensas no se opusieron a la elevación a juicio. López solamente accedió a declarar en una sola indagatoria donde prometió (cuando se sintiera más fuerte anímicamente) hablar sobre el origen del dinero que se le encontró y que pertenecía a "la política". Desde entonces no volvió a declarar ni tampoco apeló sus sucesivos procesamientos, lo que acortó los plazos para que el caso estuviera en condiciones de ser elevado a juicio.
En la maniobra se descubrió que López y Díaz, pese a figurar como "inquilinos" de la mansión de Dique Luján, participaron y decidieron en el diseño de la construcción de la casa, y efectuaron luego ampliaciones de una vivienda que supuestamente no era suya. Por otra parte el supuesto alquiler que se pagaba resultó ser irrisorio para la cotización de la propiedad, idéntica en su diseño arquitectónico a una vivienda que el matrimonio poseía en Río Gallegos.
Respecto del departamento, valuado en u$s110.000, se probó que fue Díaz quien se interesó por él y que el empresario Gianni se limitó a comprarlo sin siquiera conocerlo. Tenía un contrato de "alquiler" prácticamente idéntico al firmado meses antes para la casa de Dique Luján.
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