Los acusados de agresión antisemita seguirán presos

Un manifestante, de los cien que concurrieron ayer a Comodoro Py para reclamar la libertad de cinco acusados por el ataque antisemita del domingo, blande una bandera palestina.

El juez Claudio Bonadío decidió mantener presos a los cinco acusados de haber atacado a un grupo de familias que celebraban la creación del Estado de Israel el domingo pasado, convocados por el Gobierno porteño. El magistrado rechazó los pedidos de excarcelación presentados por los defensores de los imputados por delitos como asociación ilícita agravada, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones y violación a la ley antidiscriminatoria. Sin embargo, aún no se expidió sobre su situación procesal: no los acusó formalmente. Su defensor, Martín Alderete, declaró que apelará la resolución del juez.

La decisión de Bonadío llegó luego de que tomó declaración indagatoria a los cinco manifestantes que fueron atrapados por las propias víctimas, ante la pasividad policial.

Quienes quedaron en prisión son Leonardo del Grosso, uno de los fundadores del grupo Quebracho, pero que luego rompió con éste para formar Resistencia Lautaro; tiene 43 años, declaró ser «periodista independiente» y tiene domicilio en Florencio Varela, como otros dos de los acusados. Ellos son Daniel Tenzano (de 18 años, desocupado) y Osvaldo Vázquez (de 41 años, también desocupado). El resto de los imputados son Viviana Segovia (35 años, empleada del Hogar del Valle que depende del Gobierno porteño) y Damián Vekelo (32 años, cadete).

Podría aventurarse que la determinación de Bonadío, además de ser un acto de estricta justicia, se basaría en tres hechos: la presión social, los argumentos del fiscal federal Carlos Rívolo y la presentación de Broitman. Todos ellos se opusieron al pedido de los defensores para que los cinco imputados fueran dejados en libertad. Ahora deberán aguardar tras las rejas que la Justicia determine qué pena pagarán -en caso de ser encontrados culpables- por haber atacado a palazos y golpes de «nunchaku» a turistas, familias y chicos que se habían congregado a las puertas de la sede del Gobierno porteño para un festival de música y arte.

De todos modos, en la dirigencia judía se mantenía un sentimiento de profunda preocupación, que reflejó ayer este diario en la voz de Aldo Donzis, titular de la DAIA. Es que existe la sensación de que el Gobierno (especialmente, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández) no hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar los hechos del domingo. Guillermo Borger, presidente de la AMIA, declaró ayer a la agencia AJN que «con Aníbal el diálogo es óptimo, pero la verdad es que no ha habido una respuesta real del Gobierno ante la agresión sufrida».

Los políticos y los partidos, tanto de la oposición como los vinculados al Gobierno, seguían ayer sin decir nada frente a lo que fue lo más parecido a un «pogrom» (ataque a judíos en plena calle) de que se tiene memoria en la historia argentina reciente: salvo algunas excepciones, como el candidato a legislador porteño Jorge Pereyra de Olazábal («este ataque muestra las intenciones ideológicas y malsanas, mezcla de nazismo y otros extremismos, que representa este minúsculo grupo avalado por el Gobierno de la pareja presidencial de los Kirchner»), Aníbal Ibarra, Daniel Filmus y pocos más. Hoy Elisa Carrió concurrirá al edificio de la AMIA a llevar su solidaridad en persona.

Sin embargo, la preocupación de la dirigencia judía no se limita a la falta de apoyo explícito de la dirigencia, sino también a los inocultados vínculos de los atacantes con figuras del Gobierno. Se trata en muchos casos (no sólo los de los detenidos) de gente que percibe planes sociales, cuyo otorgamiento tiene razones conocidas por la sociedad.

El sello de goma utilizado por los atacantes, «FAR» -que recuerda a otras épocas que casi toda la sociedad argentina preferiría dejar atrás-, es un conglomerado de grupos de izquierda en el que se unen el MTR (Movimiento Teresa Rodríguez), «inventor» de los piquetes, y el mencionado Lautaro, entre otros. Esos grupos -no más de un centenar y medio de personas- se convocaron ayer ante los tribunales de la avenida Comodoro Py para pedir la libertad de los detenidos.

«La decisión del juez Bonadío es muy atinada, y en línea con las pruebas que se le presentaron. Hay filmaciones, armas secuestradas, testimonios; hay dos heridos (uno con tres puntos en la cabeza, otro con cinco) entre los concurrentes a la fiesta cultural...», dijo a este diario Donzis. Y agregó: «Espero que la sociedad haya comprendido que no fue un ataque contra Israel, sino una muestra de odio a los judíos; antisionismo es antisemitismo, aunque quieran disfrazarlo de otra cosa».