Los secretos de Estado una vez más a prueba en Comodoro Py

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  Cristina de Kirchne r autorizó a Hugo Anzorreguy a revelar información reservada, que conoció durante su paso por la SIDE en la administración de Carlos Menem, en el marco de la causa por presuntos sobresueldos que instruye el juez federal Sebastián Ramos. Este expediente será el escenario en el cual, una vez más, se pondrán a prueba los secretos de Estado. Una parada incómoda para el común de los magistrados, especialmente cuando sus causas giran en torno a los fondos reservados del organismo de inteligencia.

El antecedente más reciente en Comodoro Py fue el testimonio de Fernando de Santibañes en el juicio oral por los presuntos sobornos en el Senado durante el último Gobierno radical. Durante todo el juicio Fernando de la Rúa recordó que apenas estalló ese escándalo, él autorizó levantar el secreto de la SIDE. Los jueces que intervinieron en la instrucción del caso recuerdan que De Santibañes mostró algunos registros que estaban en su poder y en el de su contador personal, pero la verdadera ingeniería financiera resultó insondable.

Hay una explicación técnica. La Ley de Inteligencia sancionada en 2001 tiene parámetros innovadores, pero un detalle muy conveniente para ciertos sectores: la norma nunca derogó la Resolución 53/15 que instala el secreto sobre los fondos reservados y que es un vestigio legal que data de 1956, año de la Revolución Libertadora.

Además de De Santibañes, en el juicio por los supuestos sobornos declaró una decena de funcionarios de la SIDE. Lo hicieron a puertas cerradas y con reserva de su identidad para el público. Aun así, ninguno brindó grandes indicios sobre el manejo de fondos del organismo y tampoco confirmaron las ocurrencias del arrepentido Mario Pontaquarto.

El Tribunal Oral Federal número 3 ya había tenido un caso estruendoso cuando juzgó a Gustavo Béliz por supuesta violación de secretos por haber mostrado la imagen del director de Operaciones de la SIDE, Jaime Stiusso, en la televisión abierta. El exministro fue absuelto ya que los jueces entendieron que la identidad del funcionario ya no era un secreto: Stiusso había declarado ante salas repletas cuando se juzgó la causa AMIA y el caso "Strawberry".

Este año la Casación Penal Federal también se expidió sobre el sector cuando analizó el juicio a Béliz, que se sustentaba no en la Ley de Inteligencia, sino en el artículo 17 del Código Penal que sanciona a aquellos que violan el secreto. El tema se discutió en la Sala IV y allí el voto más jugoso fue el de Juan Carlos Gemignani, quien estableció el eje del debate no tanto en la incursión televisiva de Béliz, sino más bien en si la imagen del agente de la SIDE en la televisión amenazaba aspectos relacionados con la seguridad del país.

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