Macri se endeuda por más de $ 1.000 millones

Mauricio Macri acompañó ayer al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, en la inauguración de un paso bajo nivel en Punta Arenas y Ávalos. El jefe porteño respaldó la renuncia de la vice para hacer campaña.

Mauricio Macri volvería, este año, a pagar con bonos a proveedores de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso a constructores. En 2008 lo hizo para saldar una deuda flotante que había dejado la gestión de Jorge Telerman y ahora, Macri busca financiar obra pública en un ciclo en el cual el distrito empieza a padecer un estancamiento en la recaudación impositiva, su principal fuentes de ingresos. Pero, la mecánica aplicada ya está en observación en la Legislatura porteña. En temporada electoral, los diputados pusieron la mira en el decreto que el jefe de Gobierno firmó hace quince días para permitir la emisión de deuda por más de $ 1.000 millones. Esos trámites, de acuerdo a la Constitución, deben estar autorizados por los diputados y según entiende la oposición, el mecanismo sin permiso podría anular toda la operatoria. Le exigirán además una discusión sobre las tasas que pagará la Ciudad. La oposición dice creer que pueden esconderse además «sobreprecios» y quieren explicaciones acerca de la intervención de tribunales ingleses en caso de conflictos.
Macri firmó el decreto 208 que, entre otras cuestiones modifica una norma similar del año pasado, mediante la cual se abría el proceso para una nueva emisión de los bonos Tango, que nunca se pudieron emitir porque el Gobierno nacional no firmó su aval para el endeudamiento, y además se pensaban colocar a las AFJP que fueron extinguidas. De todos modos, esos bonos se destinaban al FOISO (Fondo de Infraestructura Social). Según los legisladores de distintos bloques de la oposición, con letra de Aníbal Ibarra, dicen en el proyecto de resolución, mediante el cual piden la anulación del decreto, que «se utilizaron las facultades conferidas en la ley de Presupuesto para reasignar partidas de modo de incrementar el presupuesto de espacio público. Dicho de otra manera, con el dinero que se podría haber utilizado para arreglar escuelas u hospitales, se arreglaron veredas». En la iniciativa se explica que el Gobierno porteño, con el decreto en cuestión «convierte a los títulos aprobados por la Legislatura en un bono de proveedores, hecho que viola groseramente la ley 2789», ya que «no se trata de una ampliación de la emisión de bonos Tango, sino de uno de características absolutamente distintas» y «viola el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal».
Autorización
El decreto de Macri, se fundamenta en la ley que autorizó al Ejecutivo porteño a contraer un empréstito público por hasta u$s 500 millones y que «el Gobierno nacional no se ha expedido con respecto a la conformidad» para la emisión de los bonos. Por eso, asegura que «con el objeto de obtener financiación directa de las firmas contratistas de los proyectos y construcciones públicas de la Ciudad» es necesaria la emisión «por hasta $ 1.099.431.619».
«El decreto pretende dar a entender en sus considerandos que la autorización del Gobierno nacional a cualquier endeudamiento requerida por la Ley de Responsabilidad Fiscal se cae si se toma deuda en moneda local en vez de extranjera, pero el argumento es falso», explican los diputados al solicitar la anulación de la norma de Macri.
Un dictamen del procurador porteño, Pablo Tonelli, a la vez explicó que «cabe consignar que la decisión contenida en el decreto cuyo proyecto analizó -consistente en suspender ciertos efectos del proceso de contratación de un empréstito público bajo las leyes 2570 y 2789- se encuentra suficientemente sustentada». Pero los legisladores dicen que «el decreto viola la Constitución de la Ciudad, la Ley 70, y la ley 1726».
Finalmente, para la oposición «resulta improbable que un proveedor de obra pública acepte como pago bonos a tasas muy por
debajo de las que el mercado pondría para prestarle hoy dinero a la Ciudad. En caso de aceptarlos y descontarlos en el mercado, el contratista se verá sometido a un descuento importante, y de nada le sirve tenerlos si decide fondearse por su cuenta porque difícilmente consiga dinero a una tasa inferior al 20%». Por eso consideran que «las vías posibles son dos: o nuevamente se postergan las obras de infraestructura social, por falta de proveedores de obra pública dispuestos a financiar a tasas subsidiadas, o los proveedores presentarán ofertas con sobreprecios que les permitan afrontar las reales condiciones de mercado».