El decreto del Ministerio de Vivienda advierte que la multa inicial será de 2.000 Unidades Tributarias, equivalente a 254.000 bolívares (unos 40.317 dólares a la cotización oficial de 6,3 bolívares por dólar), que debe ser pagada en un lapso de cinco días.
La sanción será duplicada si no se paga en ese lapso y, tras ello, de mantenerse la mora, "la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda solicitará el embargo ejecutivo correspondiente sobre el inmueble o inmuebles objetos de la multa", se lee en la Gaceta Oficial número 40.382. Se trata de otra medida de intervencionismo extremo con el que el Gobierno busca remendar sus falencias.
En una primera reacción, Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR), catalogó la norma de "inconstitucional".
En declaraciones a la emisora Noticias24, dijo que se trata de una medida que "despoja de su propiedad" a dueños legítimos, pese a que la Constitución sólo prevé la expropiación con el respectivo pago de una indemnización.
Por otra parte, en la normativa no está claro cómo se procede a la venta si el inquilino no cuenta con el dinero para comprar la vivienda. Orta explicó en ese sentido que "muchos de estos edificios los ocupan personas de la tercera edad", a quienes la banca no los considera a la hora de otorgar créditos.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro, adicionalmente, aún no fija los nuevos valores por metro cuadrado de construcción que deben tomar el índice inflacionario, que en 2013 fue del 56,2%, agregó el titular de APIUR.
El fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) lanzó en 2011 la Gran Misión Vivienda, un programa para hacer frente al déficit de inmuebles que sufre Venezuela y que, según cifras oficiales, afecta a 3,7 millones de jefes de familia carentes de hogar o con viviendas que requieren ser habilitadas.
El plan se apoya en la firma de diversos convenios con una decena de países, entre ellos, Rusia, China, Uruguay y Bielorrusia, y hasta mediados de 2013 el Gobierno informó de la entrega de 415.218 viviendas en todo el país.
Al respecto, Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria, aseguró a medios locales que "hay que resolver la escasez si se quiere producir más viviendas y sobre todo si se quiere que el sector privado participe en los planes habitacionales, porque hay muchas distorsiones: por ejemplo, el constructor compra un saco de cemento por 15 veces más del precio regulado".
"La semana pasada vimos unas declaraciones de que les entregarán cabillas (acero) y cemento a las constructoras que están paradas, o sea que sí están paradas", explicó.
Desde el sector se denuncia que los planes de construcción se han visto paralizados a raíz del escaso ingreso de materia prima importada. Aun con este panorama, el Gobierno sostiene que para 2019 se habrán entregado 3 millones de casas. Desde que comenzó el programa en 2011, fueron terminadas 541 mil unidades.
Martini sostuvo que Maduro solicitó a la Cámara Inmobiliaria Venezolana construir 80 mil viviendas, pero "primero deben ajustar valores, y luego hay que urbanizar las tierras para tener dónde construir".
| Agencias EFE y ANSA, y Ámbito Financiero |
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