Ante esta situación, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo hizo ayer un llamamiento a las autoridades venezolanas para "que se pueda solucionar este drama humanitario de una forma rápida sin afectar a los derechos de los colombianos en Venezuela".
El miércoles pasado, los pasos entre el departamento de Norte de Santander (Colombia) y el estado de Táchira (Venezuela) fueron cerrados por orden de Maduro tras un ataque de presuntos contrabandistas contra militares venezolanos que se saldó con tres uniformados y un civil heridos. Tras la orden, Maduro decretó el estado de excepción en el estado de Táchira por 60 días prorrogables, que entró en vigor el sábado, y cerró "hasta nuevo aviso" todos los pasos fronterizos con Colombia en esa región, que es, asegura, usada por contrabandistas y paramilitares.
El documento restringe seis artículos de la Constitución, lo que habilita a las autoridades a realizar allanamientos e interferir comunicaciones privadas sin orden de un juez. El estado de excepción prohíbe igualmente "reuniones públicas que no hubieren sido previamente autorizadas" por el responsable de ejecutar el decreto, quien además tiene la potestad de autorizar manifestaciones.
La ordenanza justifica las medidas señalando que se presenta una "amenaza" a los venezolanos por el "paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando" hacia Colombia de mercancías altamente subsidiadas en el país petrolero.
Según el gobierno, a ello se suman "ataques" contra la moneda venezolana, lo cual "evidencia una intención deliberada de generar alteraciones del orden público, afectando el acceso a bienes y servicios".
En tal sentido, el decreto permite a las autoridades restringir "el transito de bienes y personas", prohibir algunas actividades comerciales y "establecer límites máximos de ingreso o egreso" de bolívares en efectivo.
Maduro denuncia que en el lucrativo contrabando en la zona limítrofe -de 2.219 km- están implicados paramilitares que, aliados con la derecha local, buscan desestabilizarlo.
Considerado por la ONU como el segundo país más violento del mundo, Venezuela afronta una crisis económica con alta inflación, devaluación del bolívar y escasez de dos tercios de los productos básicos, en medio del desplome de los precios del crudo. El decreto será enviado para su aprobación a la Asamblea legislativa -de mayoría chavista- y al Tribunal Supremo de Justicia para un control constitucional.
| Agencias EFE, AFP y DPA |
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