Inspecciones de EE.UU. harían bajar la categoría de los aeropuertos argentinos. La nota traería perjuicio económico, limitación de los vuelos y de las rutas aéreas hacia el Norte.
El temor del Gobierno nacional a una disminución de la categoría de seguridad de los aeropuertos del país aceleró el lanzamiento de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), que debutaría el 1 de julio. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA, sus siglas en inglés) analiza bajar la categoría de los aeropuertos de la Argentina tal como lo hizo en 2002. Se habría llegado a esta conclusión tras una serie de inspecciones. La última tuvo lugar en marzo y completó el dossier con observaciones que son reservadas hasta tanto no se formalice el estudio final, que por norma lo da a conocer el Departamento de Estado del gobierno estadounidense. Aún existe espacio para rever la calificación, depende de la voluntad política del Gobierno de Barack Obama y de que las autoridades de ANAC presenten un plan de acción correctivo.
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En 2007 el Gobierno nacional decidió quitar el control del negocio aerocomercial a la Fuerza Aérea y transferirlo de la órbita de Defensa a la del Ministerio de Planificación Federal creando una nueva estructura burocrática: la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC).
Onda expansiva
La observación de la FAA sacudió al zar de la aviación civil, el ex gobernador de Mendoza, Rodolfo Gabrielli, quien fue designado administrador nacional de la aviación civil (ANAC), cargo que ejerce sin que a la fecha se hayan transferido aún las funciones de control y habilitaciones que posee el Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina. La onda expansiva llegó también al Ministerio de Planificación Federal y a la Secretaría de Transporte de la Nación. Esas oficinas del Gobierno conocían los resultados preliminares negativos, que fueron también comentados en los pasillos del hotel Marriott durante el desarrollo de la XI Reunión de Autoridades de la Aviación Civil de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), que tuvo lugar en Santiago, Chile, entre el 6 y el 8 de mayo pasados. Allí participaron la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, EE.UU., Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Estuvieron presentes en el cónclave, por la ANAC, Alex Geraige, Alejandro Orchansky y José Sánchez (coordinador del contrato con OACI para guiar el proceso de creación de ANAC), dos funcionarios de la Cancillería, además del brigadier Marcelo Ayerdi, titular del Comando de Regiones Aéreas.
La preocupación ganó a Gabrielli, quien decidió viajar a Washington. Partió el miércoles pasado por la noche a fin de entrevistarse con sus pares de la FAA. Antes le comunicó a la ministra de Defensa, Nilda Garré, que la fecha de toma del poder completo en la ANAC será el 1 de julio (el decreto final está a la firma de la presidente Cristina de Kirchner).
Gabrielli envió también al cuartel de la FAA en Washington dos adelantados: el director de Operaciones de Aeronaves, Rolando Avendaño, y el coordinador de Relaciones Internacionales, Alejandro Orchansky, quienes viajaron el martes pasado. El trío de peregrinos confía en negociar con el organismo norteamericano la revisión de la mala nota. El mendocino tiene moneda de cambio: la Federal Aviation aspira a cerrar un contrato de asistencia técnica con ANAC por una cifra cercana a los 800 mil dólares.
La FAA ejerce su influencia en el mundo con mecanismos de auditoría para determinar si una autoridad extranjera de aviación civil posee una infraestructura adecuada de vigilancia de seguridad operacional de aviación internacional tal como lo definen los estándares de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).
El procedimiento habitual es así: los funcionarios de la FAA se reúnen con sus contrapartes para notificarles los resultados de sus evaluaciones, dan una oportunidad de reacción por parte de la autoridad de aviación civil local y especifican cualquier necesidad de acciones correctivas residuales a ser tomadas por la autoridad local.
La Federal Aviation Administration (FAA) tendría datos suficientes para rebajar a «Categoría 2» el conjunto de aeropuertos en la Argentina, tras inspeccionar los sistemas de seguridad, habilitaciones, aeronavegabilidad y entrenamiento de tripulaciones de aeronaves comerciales que se utilizan en el país. No es la primera vez que el Gobierno estadounidense observa al sector aerocomercial criollo. Ya le bajó el pulgar al sistema aeroportuario durante la gestión de Eduardo Duhalde y recién se pudo recategorizar a la máxima instancia al cabo de casi tres años. En aquella oportunidad el anuncio había corrido por cuenta del entonces canciller Rafael Bielsa.
La FAA establece dos categorías para el estatus de la autoridad de aviación civil al momento de la evaluación de un país: categoría 1, cumple con los estándares de OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional), categoría 2, no cumple con los estándares de OACI.
El descenso trae consigo limitaciones: impide a las aerolíneas argentinas abrir nuevas rutas, cambiar destinos o incorporar nuevas aeronaves en sus vuelos a los Estados Unidos. También acarrea efectos económicos inmediatos: desalienta a potenciales operadores aéreos, se contrae la industria de las aerolíneas, los operadores no modernizan el parque aéreo, caen las rutas con conexión en los Estados Unidos y disminuye la confiabilidad del medio aeronáutico del país.
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