Malvinas: otra deuda inglesa, demora en levantar las minas

A poco de que se cumplan 30 años de la guerra entre la Argentina y el Reino Unido aún quedan más de 12.000 minas antipersonales en 117 campos y otras tantas sin identificar en 42 áreas rurales de las Malvinas.

La información fue presentada por la Argentina en los formularios B y C: «Existencia de minas antipersonales» y «Localización de las áreas minadas», en la última reunión de los países que integran la Convención de Ottawa.

Los recortes al presupuesto de defensa dispuestos por el premier David Cameron y la crisis económica que soporta la Unión Europea hacen dudar al Gobierno nacional de la continuidad del plan británico para erradicar los explosivos en suelo isleño.

En 2009 Gran Bretaña solicitó a la convención una prórroga por 10 años para concluir con la erradicación de los artefactos dispersos en suelo isleño. El Gobierno nacional adoptó la misma medida, acompañó un plan esquemático de limpieza de minas aclarando que no podía implementarlo porque «no ejerce el control territorial sobre el terreno que debe ser desminado». El plazo vence en 2020.

La Argentina -desde el 1 de junio de 2000- y Gran Bretaña forman parte de esa institución de la comunidad global integrada por 158 países que regula la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y su destrucción.

Entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2011 se llevó a cabo la undécima reunión anual de Estados Parte (11REP) de la Convención en Phnom Penh, Camboya, con el objeto de evaluar los progresos alcanzados en la erradicación de los campos minados. La agenda que impone la convención a sus miembros es: comprometerse con las tareas de remoción y limpieza de los campos minados.

Instrucciones

Héctor Timerman dio instrucciones para que las sesiones de la convención en Phnom Penh las cubriese un diplomático destinado en

un país próximo al lugar de la reunión. Patricio Kingsland, cónsul de la embajada argentina en Malasia encabezó la delegación criolla a pesar de que nunca había participado en cónclaves relacionados con el desminado. Lo acompañaron el coronel Oscar Giacomelli, del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef) y el coronel Santiago Gómez del Estado Mayor Conjunto, expertos en municiones y explosivos.

Kingsland dejó por escrito la posición oficial: «La República Argentina manifiesta que en su territorio nacional, concretamente en las Malvinas, existen minas antipersonales. Debido a que esa parte del territorio argentino se encuentra sometida a ocupación ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña, la República Argentina se ve impedida de hecho para acceder a las minas antipersonales colocadas en las islas Malvinas a fin de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en la presente convención».

Se había creado un foro diplomático bilateral de negociación: el Grupo de Trabajo Conjunto para el Desminado que sesionó alternativamente en Buenos Aires y en Londres desde 2001 hasta 2008. El grupo acordó la realización de un estudio de factibilidad para identificar y remover las minas que fue elaborado por la empresa Cranfield Mine Action, perteneciente a la universidad británica Cranfield. En 2006 viajaron a las islas el capitán de navío Carlos Enemark y el teniente coronel José Cimarutti, ambos retirados, quienes junto con colegas británicos recorrieron el terreno afectado. La inspección se cumplió a pesar de la resistencia de los kelpers, que no querían ver a militares argentinos en el archipiélago. El estudio de factibilidad no se limitaba sólo a las minas terrestres plantadas por las fuerzas nacionales; incluía todas las sembradas en las islas Malvinas de cualquier origen y que resultaran detectadas en el curso del estudio de campo. El almirante de infantería de marina Carlos Busser, comandante de la Operación Rosario que dio origen a la recuperación del archipiélago había declarado la existencia de minas colocadas por los británicos en la Segunda Guerra Mundial ubicadas en cercanías de Puerto Stanley.

Más tarde, los encuentros diplomáticos se diluyeron en medio del cambio de posición del Gobierno motivado por la decisión unilateral de Gran Bretaña de lanzar exploraciones petroleras en aguas en disputa en derredor de las Malvinas. El Reino Unido, a su ritmo, ejecuta ahora la tarea a través de la empresa Battle Area Clearance and Trainning Equipment Consultants (Bactec) contratada por el Foreign Office.