El lunes sería el día programado para el "relanzamiento" del acuerdo de Precios Cuidados en su versión segundo trimestre de 2014. Esta reversión ampliada del pacto llegaría a unos 300 productos o más, y se extendería hasta junio. Pero además, en el 90% de los casos, implicará que los precios de los 196 bienes que se incluyeron en la primera versión del plan continúen inalterables; y que sólo un puñado de productos (eventualmente cacao, yerba, café y no mucho más) pueda subir entre un 3% y un 5% sus precios. Para esto, entre mañana y el lunes (último plazo para negociar), los fabricantes y comerciantes tendrán plazo para convencer a los técnicos de la Secretaría de Comercio Interior de Augusto Costa para que se les autoricen las subas. La mayoría de las empresas ya recibió la instrucción de que no habrá posibilidades de autorizaciones para aumentos y que los Precios Cuidados deberán continuar inalterables hasta junio. La intención oficial es autorizar algún incremento mínimo (muy lejos del 15% promedio que fueron pidiendo los fabricantes incluidos en el acuerdo), y en productos donde los efectos inflacionarios y de la devaluación son innegables; especialmente por ser elaborados con insumos importados que deben ser pagados en dólares. Sin embargo, la convicción de la secretaría es que los privados están vendiendo grandes cantidades de los productos que están incluidos en los listados, y que en el caso de los más populares o de mayor demanda el incremento es exponencial y multiplicado varias veces por 100. Luego, según las estructuras de costos enviados por las compañías a la dependencia pública, el incremento de las ventas no justificaría alzas de precios ya que los privados estarían ganando dinero en el resultado final. La información de las empresas es la opuesta. Los privados aseguran que en algunos productos (especialmente los derivados de las harinas y los aceites), a mayor cantidad de ventas con los precios actuales, el rojo aumenta. Insisten en que le enviaron datos a Comercio Interior que justificarían la necesidad de incrementar los precios para, al menos, reducir las pérdidas. La respuesta desde Economía fue que se está negociando la incorporación de nuevas empresas que aún no están en el acuerdo para que la disponibilidad para el mismo producto aumente.
El Gobierno además les dará a los privados las nuevas instrucciones y máximas que estarán vigentes a partir del próximo período del acuerdo. Entre éstas estará una profundización de los controles oficiales con respecto a la disponibilidad de los productos. Según la visión oficial, el principal problema detectado son los faltantes, especialmente en aceites, arroz, yerba, lácteos y fideos. Para que esto no ocurra, desde la semana próxima, cada compañía tendrá un funcionario del ministerio que maneja Axel Kicillof que actuará como el "referente directo y único" de la compañía con la Secretaría de Comercio Interior. A este hombre o mujer deberán reportar diariamente el responsable de la empresa que se designe, pero que tendrá que tener el poder de decidir sobre las líneas de producción y dar respuestas concretas a Economía sobre por qué hay faltantes y en cuánto tiempo volverán los productos a las góndolas. El funcionario-delegado, por su parte, no contestará preguntas sobre las posibilidades de aumentos de precios futuros; ya que éstos sólo podrán ser discutidos directamente con Costa o el subsecretario Ariel Langer; y únicamente a través de las cámaras que los representen. Los funcionarios que estarán en estas funciones suman casi 200 personas y surgieron de un "casting" que Langer hizo casi personalmente en las últimas semanas entre jóvenes profesionales o a punto de recibirse, especialmente en ciencias económicas de universidades públicas.
Entre las empresas que tendrán (o ya tienen) este tipo de monitoreo se encuentran Arcor, Molinos, Quilmes, Pepsico, Coca-Cola, Unilever, Procter & Gamble, AGD, Ledesma, Clorox, Quickfood, Sancor y Mastellone, Prodea (Cunnington), Vicentín, Adeco Agro, Canale, Nidera, AGD, Bunge y Molinos Cañuelas, entre otros.
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