Más dura pelea de PRO con jueces de la Capital

La disputa entre la Legislatura porteña y los jueces de la Ciudad de Buenos Aires se agravará esta semana de acuerdo con la decisión de los diputados de volver a desoír las decisiones de los magistrados. En principio, los legisladores pensaban armar hoy una sesión especial para decidir que el Tribunal de Justicia intervenga en lo que consideran ya un conflicto de poderes en relación con las determinaciones sobre el procedimiento para nombrar a una jueza en la Corte de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata del mecanismo para la candidata de Mauricio Macri, la fiscal Daniela Ugolini, que tuvo una media docena de amparos en contra. Para la designación, primero es el jefe de Gobierno quien publica los antecedentes de la candidata y recibe adhesiones e impugnaciones y luego remite el pliego a la Comisión de Ética de la Legislatura.

En el medio de esos pasos tres jueces determinaron, tras presentaciones de la oposición, que Macri había lanzado la nominación antes del tiempo que fijan las normas y que debían anular todo. Pero la carpeta ya había arribado al despacho de Ética, que con los votos del PRO decidió proseguir a pesar de los fallos para frenar el procedimiento.

Actas

Pero, finalmente el lunes, otra jueza allanó las oficinas de la Junta de Ética que preside Oscar Zago y se llevó no sólo el expediente de Ugolini, sino el libro de actas de la comisión, que contiene toda la actividad de los diputados. Ayer consideraban eso una irregularidad por parte de los jueces ya que entorpecería la tarea en otros temas que no tienen que ver con el nombramiento de la fiscal.

Audiencia pública

Tras una reunión de los presidentes de los distintos bloques, los diputados decidieron continuar, ya que para el viernes está prevista la realización de una audiencia pública donde se debatirán los antecedentes de la fiscal. Es decir, los legisladores darán igualmente curso a la audiencia a pesar de la última embestida judicial, aunque prevén que pueda haber, ese mismo día, una medida judicial para impedirla.

Lo que evaluaron ayer es que la decisión de convocar al Tribunal Superior aprobando una resolución que redactó el titular de Justicia, Martín Borrelli, le haría suspender la audiencia. De todos modos, desde el PRO, el peronista Cristian Ritondo sostuvo que «la jueza ha violado el sistema de frenos y contrapesos, ha roto con el principio de distribución equilibrada de las funciones y los dispositivos para prevenir o remediar los abusos de poder».

El diputado reclamó que «intervenga el Tribunal Superior de Justicia para que resuelva el conflicto de poderes que ha originado la jueza López Vergara».