Medicamentos: hoy otro testigo por campaña K

Norberto Oyarbide

El juez federal Norberto Oyarbide cerrará hoy el capítulo de indagatorias relacionadas con el financiamiento de la campaña del Frente para la Victoria, en la causa por la denominada «mafia de los medicamentos».

Será el turno de presentarse ante el magistrado de Sebastián Gramajo, uno de los responsables financieros de la campaña electoral de 2007 para la fórmula Kirchner-Cobos y actual director de la ANSES. Antes había hecho lo propio el ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, pieza clave en la captación de fondos para el Partido de la Victoria, y este martes lo hizo Hernán Diez, ex apoderado de esa agrupación política y actual director de Lotería Nacional.

Supuestas amenazas

La estrategia defensiva será similar a la que desarrolló Diez: exponer que su tarea en el financiamiento partidario fue estrictamente técnica y que no hizo labores de «recaudador»; negar el conocimiento de la mayoría de los imputados por presunta asociación ilícita en el «remedios-gate», y hacer foco sobre las supuestas amenazas que ambos recibieron de parte del empresario Gabriel Brito, que como dueño de Global Pharmacy, se constituyó en uno de los principales aportantes del Partido de la Victoria (puso 310 mil pesos).

Oyarbide prevé repetir con Gramajo buena parte de la estructura de la indagatoria de Diez. Los dos imputados figuran en numerosas escuchas telefónicas obtenidas de Brito y de Néstor Lorenzo, otro de los procesados que al igual que el sindicalista Juan José Zanola permanece en prisión. Lorenzo era el propietario de la droguería San Javier, involucrada en las supuestas maniobras de adulteración de medicamentos y falsificación de troqueles de remedios para la obtención de reintegros por parte de la Administración de Programas Especiales (APE).

De esta última etapa de indagatorias, las acusaciones más graves recayeron en Capaccioli. Oyarbide lo imputó por su presunta participación en la asociación ilícita montada para desviar fondos de la Obra Social Bancaria (OSBA), por su posible responsabilidad en un fraude a la administración pública por la falta de controles sobre la operatoria de esa obra social y por aparente lavado de activos de origen espurio. Este último delito es el que el magistrado también le adjudicó a Diez esta semana, y que se supone extenderá a Gramajo hoy.

Extorsión

El argumento de Diez y de Gramajo para aparecer en las escuchas telefónicas es que fueron objeto de una presunta extorsión por parte de Brito. Según ambos, el dueño de Global Pharmacy comenzó a reclamarles subsidios, el gerenciamiento de una obra social y un cargo directivo en una empresa pública, a cambio de no revelar la trama secreta detrás de su aporte a la campaña.

De hecho, este lunes Diez le dijo a Oyarbide que desconocía el contenido de las conversaciones telefónicas porque no había participado de ninguna de ellas. Gramajo sólo reconocerá haber hablado de Lorenzo después de que comenzaron las supuestas presiones de Brito.

El ciclo de indagatorias continuará la semana que viene: el martes será el turno del ex ministro de Salud bonaerense y animador de TV Claudio Zin, y el jueves deberá presentarse Diego Tarruela, de la Cooperativa de Crédito Vernet. Y cerrará el 16 de noviembre con la presencia de Juan Rinaldi, un ex gerente general de la APE y ex superintendente de Servicios de Salud que arrancó su gestión pública asociado a Hugo Moyano, pero la terminó enfrentado al camionero, y del lado de la renunciada ministra de Salud Graciela Ocaña, hoy buscando fortuna con la oposición de Margarita Stolbizer.