Medicamentos: Oyarbide le complica la Navidad a Moyano

Norberto Oyarbide

Las posibles víctimas de la denominada «mafia de los medicamentos» son un nuevo eje de la investigación a cargo del juez federal Norberto Oyarbide. El magistrado, que investiga en unas 35 causas judiciales relacionadas con el tema, recogió el viernes documentación en varios allanamientos con el propósito de buscar denuncias de pacientes de obras sociales investigadas por los posibles efectos de haber sido medicados con drogas adulteradas.

Esta causa y una paralela que investiga el juez federal Claudio Bonadío preocupan al jefe de la CGT, Hugo Moyano, cuya obra social fue varias veces allanada.

En tanto, esta semana la causa sumará un nuevo protagonista clave, con la indagatoria del ex funcionario Néstor Vázquez, señalado como el artífice del actual sistema de vínculos entre droguerías, obras sociales y organismos públicos. También volverá a declarar el ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli, que como funcionario fue protagonista del esquema de recaudación de campaña para Cristina de Kirchner en 2007.

Allanamientos

Entre el jueves y el viernes Oyarbide encabezó una nueva oleada de allanamientos: fueron en la Administración de Programas Especiales (APE), un archivo externo de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y en las obras sociales de los gremios de rurales (Uatre), personal de maestranza y de personal de publicidad. En el caso de los dos organismos se focalizó en posibles denuncias de afiliados al sistema de obras sociales por posibles casos de daños provocados por medicamentos adulterados.

La causa que instruye Oyarbide está centrada en el cobro irregular de reintegros por parte de las obras sociales sindicales, por tratamientos no brindados o prestados con remedios truchos. También se investiga el uso de troqueles falsificados para la percepción de reintegros por parte de la APE. En total están bajo la lupa del juez 27 obras sociales y ocho droguerías.

Uno de los allanamientos fue realizado en los archivos externos de la SSS, donde el magistrado ordenó la reserva de toda la documentación y expedientes entre 2006 y 2008 para demandar su envío cuando lo considere conveniente. El organismo, que encabeza Ricardo Bellagio, se comprometió con Oyarbide a entregarles los papeles de este año y 2009, que permanecen en la sede de la SSS.

Esta semana el magistrado continuará con la ronda de indagatorias en algunas de las 35 causas conexas a la principal, que mantiene encarcelado hace más de un año al jefe de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, y al principal proveedor de ese gremio, el empresario Néstor Lorenzo, dueño de droguería San Javier.

La principal declaración será la de Néstor Vázquez, ex gerente general de la SSS, que deberá presentarse el miércoles en el juzgado. Será indagado por primera vez a pesar de ser considerado el arquitecto de los actuales vínculos entre droguerías, obras sociales y los organismos públicos encargados del control y el pago a los actores del sistema.

También volverá a prestar declaración indagatoria Capaccioli, que fue imputado por Oyarbide por presunto lavado de dinero. El juez cree que el ex superintendente volcó a la campaña electoral del Frente para la Victoria, en 2007, dinero de origen supuestamente irregular de las droguerías investigadas. Y que también se habría beneficiado del sistema de reintegros a cargo de la APE.

Moyano sigue con atención los pasos de Oyarbide, que semanas atrás procesó al principal proveedor de la obra social de los camioneros, Marcos Hendler, dueño de Droguería Urbana. Tanto Moyano como Hendler intentaron que Oyarbide se quedase con la causa que instruye Bonadío. Pero el dictado del procesamiento al droguero encendió luces de alarma en el entorno del camionero.