Medidas por coimas

El Ministerio de Defensa está bajo la lupa de la Justicia desde que se conoció la investigación alemana sobre el supuesto pago de coimas por parte de la empresa naviera Ferrostaal a funcionarios argentinos en 2006.

Si bien la cartera a cargo de Nilda Garré se presentó como denunciante en los tribunales criollos, los investigadores del caso pretenden revisar todo el proceso de licitación del Ministerio de Defensa que tuvo como objetivo el desarrollo del Patrullero Oceánico Multipropósito (POM). El contrato lo ganó el astillero chileno estatal ASMAR, cuya tecnología fue provista por Fassmer, una empresa subsidiaria de Ferrostaal. El Gobierno argentino pagó unos u$s 500 mil a esta firma, monto que ahora es investigado por la Justicia argentina.

El juez a cargo de la pesquisa, Ariel Lijo, hizo lugar a varias medidas impulsadas por el fiscal del caso y por los denunciantes de la causa, el Ministerio de Defensa y la Oficina Anticorrupción. Ambos solicitaron, entre otras pruebas, informes de la Inspección General de Justicia y del Banco Central, así como un exhorto internacional para que la fiscalía de Munich remitiera toda la documentación recolectada en su pesquisa. Pero el magistrado avanzará todavía más y ya dispuso nuevas medidas más importantes, que se realizarán en las próximas horas.