Mendoza perdió batalla judicial por promoción

Se queda sin beneficios impositivos. Quejas de empresas y alivio en cuatro provincias que los seguirán recibiendo

Celso Jaque

Mendoza perdió una batalla clave luego de poco más de un año de contienda judicial por la Promoción Industrial y despejó el camino para que Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis se acerquen a la firma final de un convenio con el Gobierno nacional, a fin de completar el trámite para aplicar la prórroga.

La Cámara Federal mendocina dejó sin efecto la medida cautelar dictada por el juzgado federal de San Rafael y le informó el viernes a la Cámara de Comercio de esa localidad del sur de la provincia que desestimaba el amparo que había presentado en contra del decreto nacional 699, poco después de recibir el sello de Cristina de Kirchner el 20 de mayo de 2010.

Sin obstáculos

Con el último obstáculo que se mantenía firme fuera de juego, no hay freno para la aplicación del régimen de beneficios impositivos en las provincias vecinas de Mendoza por 15 años más. De hecho, reaviva las perspectivas de los gobiernos de Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis, que estiman que «de inmediato» podrán rubricar con la Casa Rosada los últimos pasos que restan. En ese sentido, la más efusiva fue la gestión del riojano Luis Beder Herrera, quienes ya confirmaron que con el convenio redactado y listo para firmar sólo aguardan el llamado presidencial.

Plan B

Desde la Casa de Gobierno mendocina insisten, sin embargo, que el decreto no está vigente y anticipan su estrategia: en lo próximos días, agendarán una reunión con los representantes de la Cámara empresarial sanrafaelina para estudiar la posibilidad de continuar el reclamo por medio de un recurso extraordinario que deberá resolver la Corte Suprema.

Apenas Cristina de Kirchner definió el decreto de prórroga, en plena semana de megafestejos por el Bicentenario, el Gobierno de Celso Jaque acudió a la Corte nacional y solicitó su inconstitucionalidad, además de interponer una medida cautelar para congelar los efectos de la pieza legal hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo.

La firmeza del mandatario justicialista en contra de la medida poco duró. Agobiado por las urgencias financieras y con el acento en la fidelidad K, aceptó desechar la acción judicial sin confirmación formal, para ingresar al plan de desendeudamiento el año pasado. En tanto, nunca llegó lo que sí fue presentado como el trueque oficial con la Nación: un supuesto decreto ampliatorio del 699/10 que permitiría a 7 departamentos contar con promoción industrial y, a los otros once, acceder a beneficios impositivos particulares.

Tantas idas y vueltas, debilitaron el reclamo de la Cámara de Comercio de San Rafael, que se quedó sola con un cuestionamiento de inconstitucionalidad frente a la medida de Cristina de Kirchner y las cuatro gobernaciones vecinas.

El revés judicial nada tardó en traducirse en un argumento contra Jaque para la oposición local, a poco más de tres meses antes de las elecciones.

«La situación es de una gravedad profunda. Mendoza queda otra vez a la deriva, dejando en claro que la administración Jaque jamás ha defendido seriamente los intereses provinciales», acusó el candidato a gobernador por la UCR Roberto Iglesias en un comunicado que también lleva la firma del vicepresidente Julio Cobos. Por su parte, el referente del Partido Demócrata, Omar De Marchi, sostuvo que «el gobernador seguro aplaude el fallo porque va a tono con los intereses de la Nación».

Desde la Casa de Gobierno cuyana, subsecretario Legal y Técnico, Fernando Simón, fue el encargado de transmitir la postura oficial. «Sin duda, es un tropezón pero falta mucho. Esa resolución no está firme. Hay 10 días hábiles para contestar pero, más la feria judicial, se va a un mes», especuló y completó: «El argumento de la Justicia es poco sostenible».