Mendoza - El gobernador Celso Jaque debe llevar adelante la tarea de cumplir lo mejor posible con las promesas que realizó al igual que Cristina de Kirchner, quien apostó una parte del dinero de la ANSES a la construcción de viviendas en la provincia. Por este motivo, el mandatario debió cambiar la composición del directorio del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), por a la dimisión de Rosa Amaya, investigada por «coacción agravada».
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De allí la necesidad de contar con gente de confianza y sin conflictos judiciales en esta área. La ex funcionaria se fue por «razones personales», pero lo cierto es que tiene abierta una causa penal en el Segundo Juzgado de Garantías. Ahora, la reemplazó José Miguel González.
La escribana Amaya enfrentaba a una seria acusación suscitada en el ámbito de su trabajo como notaria, bajo el expediente 190.241. Una ex empleada la denunció en un episodio que fue caratulado como coacción agravada, delito contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal, contra quien «hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas o el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad».
Si bien aún no hay pronunciamiento formal por parte de la Justicia, el Ejecutivo decidió no esperar más y el 2 de enero reemplazó a la funcionaria por el ingeniero González. Más allá de los cambios, la gestión de Jaque intentará priorizar el área de vivienda gracias al impulso que el Gobierno nacional decidió darle a la provincia. Por este motivo, hoy se producirá el lanzamiento del Plan Nacional de Viviendas, en el que Mendoza tendrá un lugar privilegiado.
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