Mensaje a sojeros: “La industria da más empleo que ustedes”

Florencio Randazzo, Débora Giorgi y Carlos Cheppi, los representantes del Gobierno en la reunión con el campo. Hablaron luego con periodistas.

Débora Giorgi explicó así ayer a los representantes de la Mesa de Enlace por qué el Gobierno se niega a reducir las retenciones: «Los exportadores de granos, especialmente los sojeros, son un sector más de la economía. El hecho que sean grandes exportadores no les da mayores beneficios. Hoy la política económica y social del Gobierno es mantener los puestos de trabajo, y la exportación de soja no es generadora de empleo. En definitiva: la creación y el mantenimiento del empleo es más importante en la industria que en el campo».
La ministra de Producción utilizó estas palabras al finalizar las más de tres horas de reunión con los cuatro representantes del campo, para insistir en que no está en los planes inmediatos -ni mediatos- del Gobierno de Cristina de Kirchner eliminar o suspender la presión impositiva del 35% en el precio de la soja. Giorgi dio sólo una luz de esperanza sobre este tema: si los productores liquidan de manera rápida al menos 9 millones de toneladas del stock que según Néstor Kirchner están retenidos (y que le restarían más de $ 1.000 millones de ingresos por recaudación), podrían discutir algún tipo de reducción.
Según el campo, la cantidad stockeada no llegaría a los 4 millones, con lo que la diferencia hace imposible una negociación. Igualmente, la rebaja se daría después de la liquidación de divisas, para evitar, según la posición oficial, la especulación de los exportadores sobre una reducción en los impuestos para mejorar sus rendimientos.
La discusión sobre las retenciones a la soja, en primer lugar, y al maíz y el girasol luego, concentraron más de tres cuartos de la reunión de ayer en el cuarto piso del Ministerio de la Producción. Fue además Giorgi la que concentró la mayor parte de las explicaciones técnicas y políticas que recibieron los representantes de la Mesa de Enlace.
Además de la argumentación sobre la diferencia entre la creación de empleo del agro y la industria, hubo largos párrafos sobre las consecuencias fiscales de una reducción en las retenciones.
Reiteradamente, se habló sobre el costo en la recaudación que tendría una suspensión o eliminación en el pago de las retenciones. El número, repetido luego en la conferencia de prensa en Economía, implicaría renunciar a unos $ 15.800 millones para este año. Los ministros comparaban la cifra con los $ 11.000 millones que costará aumentar el 18% los haberes de jubilados, según el programa oficial para este año. También con los casi $ 4.000 millones que se necesitan para garantizar el piso de $ 1.490 mensuales para los docentes. En otras palabras, la Mesa de Enlace tendría que explicar a la sociedad por qué es necesario suspender las retenciones a cambio de no aumentar las jubilaciones y el salario de los maestros de todo el país.
Sin profundizar, Giorgi habló también ayer sobre la propuesta del gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, de suspender el pago de las retenciones a cambio de un aumento en Ganancias y en los tributos internos como a los cigarrillos y bebidas alcohólicas. La Mesa de Enlace tendría que explicar también por qué para que el campo no pague las retenciones la clase media tendría que sufrir una especie de «impuestazo».
Finalmente hubo una argumentación algo irritante para los presentes, especialmente los representados por el titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi. Según los datos del Gobierno, el campo habría tenido rentabilidad tanto en 2008 como en la cosecha de este ejercicio, lo que contrarrestaría la versión de la Mesa de Enlace sobre la inminente quiebra de la mayoría de los productores, especialmente los medianos y pequeños. Los ruralistas prometieron más datos para el encuentro del próximo martes.
Mientras tanto, el Gobierno planea mostrar «buena voluntad» para mejorar la relación con el campo. En las próximas semanas, la Mesa de Enlace sería invitada a participar del Consejo Económico y Social que está organizando el Ministerio de Trabajo. Ayer, Carlos Tomada dijo que para este proyecto «ningún sector está excluido, incluyendo al agro».