Mercado tributario: política vs. razón

Nuestro contexto social ha desarrollado un mercado de valores políticos, en el que diversos temas técnicos y operativos se abordan políticamente.

Cualquier problema de orden social o económico que plantea una posible solución técnica es aprovechado para obtener algún rédito político demorando la solución, aún a riesgo de que el problema no se resuelva.

Por ejemplo, el Impuesto las Ganancias es un problema puramente técnico. El aspecto político de este problema es irrelevante para determinar la estructura del impuesto. Este impuesto ya es "políticamente correcto" consagrado científicamente como el único que permite gravar a las personas considerando su capacidad de pago.

Por demás, este impuesto es técnicamente un instrumento de redistribución de riqueza, desde quienes tienen ingresos y rentas superiores hacia quienes ganan menos y consumen más servicios sociales.

En nuestro país, la decisión de adoptar este impuesto es ya una decisión histórica y ningún partido debería arrogarse un mérito por ello.

Lo ocurrido es que la técnica apropiada para cobrar este impuesto fue descuidada por los diputados, senadores y funcionarios de los últimos 14 años, quienes hicieron caso omiso de su desnaturalización de este tributo por causa de la inflación.

Este impuesto, así como se cobra en nuestros días, está corrupto - usamos un término de computación-, infectado por la incompetencia técnica o falsa ideología de quienes deben custodiar las herramientas recaudatorias del Estado.

Las discusiones sobre el mínimo no imponible, las tablas de alícuotas, deducciones y parámetros monetarios del impuesto se utilizan para obtener rédito político.

Con este tributo, los políticos han secuestrado la ciencia de las finanzas, el derecho tributario y las ciencias económicas, para cobrar un rescate exigido por la sociedad.

Es como si los médicos enfermaran a un paciente y luego se vanagloriasen de su curación.

Cuánto debe pagar un trabajador o un empresario de Impuesto a las Ganancias es un cálculo, no una reivindicación política. Lo normal en la estructura del tributo es que los trabajadores y empresarios de menor poder adquisitivo tributen muy bajos impuestos.

El legislador previó, hace más de una década, una tabla de alícuotas que aseguraban progresividad. Un trabajador o empresario para llegar a la alícuota máxima debía tener rentas de más de $2.000.000 (medido en moneda de hoy). La tabla corrupta obliga al pago de la alícuota máxima del 35% con rentas de $120.000. El error técnico es haber suprimido la actualización para neutralizar la inflación.

Los trabajadores carecen de mejores derechos que el resto de los ciudadanos en estos aspectos. Todos somos iguales ante la ley. Y todos los ciudadanos tenemos el derecho a que los funcionarios, diputados y senadores actúen científicamente, y como no pueden ser especialistas en tributación, sigan el consejo de los profesionales entendidos.

Así es como se logrará un poco de racionalidad en el uso de los instrumentos de recaudación, evitando cooptarlos para piruetas en el circo de la política.

La racionalidad de la recaudación debe estar en total armonía con la racionalidad del gasto público. Es inmoral quitar riqueza o sustento a los empresarios y trabajadores para aplicarlo en sostener gastos desenfrenados, sin medición de su productividad, en un desorden sin control apropiado.

Exijamos a los justicieros que piden la expansión del gasto su responsabilidad de informar de dónde saldrán los fondos.

¿Será la hora de la huelga de contribuyentes, para pedir por la racionalidad de los impuestos?

(*) Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas. UBA. Especialista en Tributación. UBA