Mercosur: vienen nuevas excepciones; más incertidumbre

Marcelo Halperín (*)

Frente a los costos crecientes de inserción en la economía global, aumenta el énfasis puesto por cada Estado parte del Mercosur con el objeto de respaldar los reclamos de sus agentes productivos más sensibles, dando lugar así al entrecruzamiento de las demandas en los órganos intergubernamentales. En este aspecto ya es notoria la dificultad para alcanzar armonizaciones macroeconómicas, en tanto tiende a consolidarse la exclusión de sectores significativos de la política comercial externa común. Dentro del mismo marco se realizan los periódicos intercambios de listas nacionales de excepción al Arancel Externo Común (AEC) individualizadas por códigos del nomenclador.

Pero muchos agentes productivos radicados en los distintos países del Mercosur que deben lidiar con la incertidumbre global encuentran aquí un elemento de imprevisibilidad adicional por la dificultad de responder anticipadamente a estas preguntas: ¿cuáles serán las excepciones que concretamente habrá de seleccionar para sí cada uno de los Estados parte? Y una vez establecidas y cumplidos los plazos previstos, ¿serán prorrogadas, o bien sustituidas por cuáles otras?

En los últimos tiempos y a medida que se agudiza la contracción de las economías centrales y la tendencia predatoria de las asiáticas, crece la presión ejercida en los países del Mercosur por agentes radicados en sus territorios y que van siendo desplazados de los mercados (ajenos y propios). Lo reflejan las solicitudes para incorporar al acervo de integración nuevas excepciones al AEC con el objeto de incrementar los niveles de protección. Este es el sentido de la Decisión 39/2011, adoptada por iniciativa del Brasil en la IX Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC) el pasado 20 de diciembre. Puede aducirse que estas excepciones son limitadas (no más de 100 posiciones), están supeditadas a negociación (si bien su objeción no las elimina de agenda) y que no alcanzan a los Estados parte que no las hayan solicitado, pues la elevación de las alícuotas está destinada a regular sólo importaciones extrazonales. Sin embargo, como en otros casos su mera imposición augura el incremento de controles en las transacciones intra-Mercosur a fin de no invalidar dichas excepciones ante posibles triangulaciones.

Además, al aplicar el incremento del arancel respecto del AEC, el país beneficiario está recurriendo indirectamente a un subsidio interno que puede inhibir así el acceso a su mercado de bienes similares y sustitutivos (sumados a insumos y derivados), originarios de los restantes países de la supuesta unión aduanera. Cuando el país que adopta las excepciones es el de mayor desarrollo relativo de la organización (Brasil), cabe suponer que el impacto sobre la competencia intrarregional será también mayor.

En definitiva, la aplicación de semejantes regímenes desalienta cualquier tipo de emprendimiento productivo local que tenga en miras al Mercosur como mercado ampliado. Por eso las inversiones corporativas tienden crecientemente a localizarse en Brasil, cuyo mercado interno luce como el más voluminoso y «amigable» (por la atracción que despiertan sus políticas de fomento no armonizadas). Asimismo, Brasil demuestra una innegable capacidad de presión para transferir costos de inserción en la economía global a los otros Estados parte, esencialmente a través de exportaciones industriales que por sus condiciones de producción en muchos casos no se ajustan a los estándares más exigentes y por ello tienen comprometido el acceso a los mercados de países centrales.

Por lo demás, en estos días han quedado expuestos otros motivos para el desgaste progresivo de los compromisos contraídos en el Mercosur. El primero de ellos fue planteado en la misma cumbre del CMC el 20 de diciembre, cuando los mandatarios declararon la «necesidad» de culminar con prontitud el proceso de adhesión de Venezuela en calidad de miembro pleno (como es sabido, el proceso está pendiente por falta de aprobación parlamentaria en Paraguay). Es conocida la reticencia del Gobierno venezolano para concluir las tratativas destinadas a fijar sus compromisos en el marco de la normativa comercial del Mercosur, dado que su presidente la considera irrelevante. De modo que una incorporación en tales condiciones erosionaría las obligaciones preexistentes entre los otros Estados parte.

El segundo motivo es el anunciado reinicio, en febrero próximo, de las tratativas bilaterales entre Brasil y México para perfeccionar una zona de libre comercio. Este último tema es paradigmático, porque en las negociaciones con México se abandona el prurito que ha permitido a los países del Mercosur sobrellevar relaciones con terceros países a través de plexos normativos plurilaterales donde se convienen políticas comerciales comunes acompañados de protocolos bilaterales pero sólo con el objetivo de fijar allí concesiones arancelarias. En cambio, por un acuerdo de complementación en ALADI (AAP.CE 54), fue aceptada la formalización de instrumentos estrictamente bilaterales entre cada Estado parte del Mercosur y México bajo el paraguas programático de una hipotética zona de libre comercio que en algún momento habría de abarcar a todos ellos. Lo cierto es que, hasta la eventual implementación de esa zona de libre comercio entre el Mercosur y México, regirán las disposiciones y concesiones contenidas en los respectivos acuerdos bilaterales. Dicha dispersión otra vez favorece al país de mayor desarrollo relativo (Brasil), que por su capacidad de oferta está en condiciones de obtener de México mejores concesiones que las pretendidas por los otros Estados parte del Mercosur.



(*) Investigador y docente del Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata.