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Metrogas entró en concurso y quedó intervenida por el Estado

Aun cuando la decisión de Metrogas es diferente de las de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Autopistas del Sol (Ausol), que anunciaron respectivamente que debían reestructurar sus pasivos, el Gobierno tomó la misma actitud que con las otras dos. Decidió inmediatamente la intervención de la gasífera con el justificativo de que debe garantizar la prestación del servicio hasta que se solucionen los problemas financieros de la empresa.
El Ministerio de Planificación, que estuvo a cargo de la comunicación oficial, afirmó no compartir los argumentos esgrimidos por la empresa acerca de que la causa sean las tarifas congeladas. Y añadió que «el origen e índole de la deuda de Metrogas, que no guarda ninguna relación con las inversiones realizadas, debe buscarse en los motivos que llevaron a otras empresas y a nuestro país a la crisis de 2001».
También indicó que la renegociación del contrato de Metrogas se vio obstaculizada «por la sistemática y obstinada negativa de la empresa a renunciar a la demanda que mantiene contra nuestro país en el CIADI, dado que por principio el Gobierno argentino no negocia bajo ninguna presión», añadió. Lo cierto es que las dos partes mantuvieron una posición empecinada. Metrogas y su accionista mayoritario, British Gas, por no desistir o suspender el juicio en el CIADI, y el Gobierno porque desde 2008 anunció una suba de tarifas que (por el litigio internacional) no entraría a las arcas de la gasífera, sino que se destinaría a un fondo fiduciario para obras imprescindibles. Aunque el alza fue aprobada por decreto en marzo de 2009, nunca fue autorizada por el Enargas para su aplicación.
Dentro de las empresas gasíferas la única que tuvo aumentos de tarifas fue Gas Natural BAN porque renunció al CIADI en 2006. El resto, aun las que no tienen juicios en el exterior o decidieron hacerse cargo de posibles indemnizaciones a favor de algún accionista, siguen con las tarifas congeladas desde 2000. Esto obedeció primero a razones políticas y luego a que el Gobierno necesitó aplicar un incremento muy fuerte de hasta el 200% según el nivel de consumo, para pagar la importación del gas y mejorar el precio a los productores locales.
Fuentes de Metrogas indicaron que la deuda a concursar es fundamentalmente la financiera, porque a los proveedores se les venía pagando a 30 días, así que no habría un monto significativo de pasivos de esa índole. Entre 2007 y 2008, el Gobierno rechazó el ingreso del fondo Ashmore en el capital de Metrogas a cambio de la deuda de Metrogas, de la que era el principal acreedor. Desde hace tiempo, los accionistas están buscando, por ahora sin éxito, que algún empresario local compre obligaciones negociables de la distribuidora en el mercado y pueda cambiar deuda por acciones.
El 70% de Metrogas pertenece a Gas Argentino, consorcio formado en un 54,67% por British Gas y un 45,33% por YPF. El 20% cotiza en la Bolsa y el 10% corresponde al programa de propiedad participada. La operación y el gerenciamiento está a cargo de BG, pero en diciembre pasado YPF había logrado frenar la decisión del concurso tras una promesa del Gobierno de que autorizaría el postergado ajuste de tarifas. Ayer, la petrolera recordó que «es un accionista minoritario, sin funciones ejecutivas», y que «está evaluando los pasos que se van a seguir para preservar los activos que posee» en la gasífera.
El Enargas nombró ayer interventor en Metrogas a Antonio Gómez en principio por un período de 120 días, y señaló que ya desde 1999 el organismo advirtió el riesgo de endeudarse en lugar de utilizar los recursos económicos generados por la propia empresa. No obstante, desde el punto de vista del accionista extranjero, cuando se endeudó tenía tarifas dolarizadas que luego se pesificaron y congelaron.


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