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Mitos y verdades de la concordia oriental
Las elecciones presidenciales del domingo fueron una nueva ocasión para que se exprese la admiración por la política uruguaya. Algunos datos son elocuentes y justifican los elogios que se escuchan por estos días. Por caso, el nivel de participación electoral de casi el 90% del padrón resulta llamativo no sólo desde la Argentina, sino desde casi todos los países occidentales. También lo son la limpieza general del proceso, la ausencia de graves hechos de violencia y la aceptación por parte de las distintas fuerzas de un escrutinio que resultó muy ajustado.
Quienes enaltecen la política oriental destacan, con razón, las propuestas políticas relativamente claras en el plano ideológico y la existencia de partidos sólidos, con militancia y organización interna, que reducen riesgos de borocotós y candidatos impuestos sólo por su billetera.
Cordialidad
Un capítulo aparte merecería el tono cordial y civilizado que algunos suponen que impera en la lucha electoral. Esa creencia es alimentada, entre otros, por los propios políticos uruguayos cuando cruzan el río. Tanto Mujica como Luis Alberto Lacalle se esmeraron por remarcar semanas atrás ante medios argentinos que su vida política no es caníbal, que hay rivales pero no enemigos, y que gane quien gane, los «compatriotas» sabrán convivir en armonía.
Dicho esto, varios indicios marcan que estos modos tan civilizados brillan más en el exterior que puertas adentro. No sólo porque desde los partidos tradicionales Blanco y Colorado, y desde la prensa afín, se dudó sin disimulo sobre la vocación democrática de los frenteamplistas, muy especialmente en las elecciones que ganó Tabaré Vázquez en 2004, sembrando dudas con más obviedad que picardía por el pasado de algunos integrantes de la coalición de centroizquierda y abrevando en un tipo de debate que parece superado en el resto de la región.
Todos los analistas uruguayos admiten que la campaña que precedió a los comicios del domingo alcanzó ribetes muy confrontativos (incluida una trifulca final sobre lo «maoísta» que sería Mujica) cuya magnitud sorprendería a más de un observador argentino.
Acaso se presenta ilusorio suponer que los políticos uruguayos se guardan epítetos como «todos ladrones», «nabos» y «patoteros» para cuando se refieren a los argentinos.
Asimismo, cabe analizar otros aspectos de la política uruguaya que, vistos con detenimiento, resultan menos elogiables. Por caso, un sistema electoral (ballottage) sucedió a otro (ley de lemas) en 1996, ambos más vinculados a la especulación para frenar al Frente Amplio que al altruismo republicano.
Poco hay que argumentar sobre la escasa renovación de su dirigencia política. Los apellidos Batlle, Sanguinetti y Lacalle dominan el escenario de los partidos más antiguos de Occidente desde el retorno de la democracia en 1985. Y ello, como si sólo se contaran logros en sus gestiones de gobierno y no hubiera existido la crisis de 2002, tormenta a la que ellos mismos se creyeron convocados a hacer frente. El «Cuqui», qué duda cabe, sigue dando pelea. Los otros ex presidentes mencionados dominan líneas internas del Partido Colorado. Es cierto que esta formación propuso a un candidato joven para las elecciones del domingo, Pedro Bordaberry, heredero de Juan María, hoy preso, punta de lanza de la última dictadura.
Este rasgo conjuga con el dato de que todos ellos, casi sin matices, manifestaron su férreo rechazo a la derogación de la ley de amnistía por las violaciones a los derechos humanos. Por segunda vez en 20 años, los mismos políticos celebraron su victoria en un referendo. La persistente voluntad por la impunidad por crímenes de lesa humanidad no es precisamente un rasgo de civilidad, como bien demuestran los ejemplos de Alemania, Italia, Argentina, Camboya y Chile, que han dado pasos concretos en el sentido opuesto.

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