Moreno, Boudou y Giorgi en la UIA, a escuchar reclamos

Guillermo Moreno, Amado Boudou y Débora Giorgi se reunieron ayer con el comité directivo de la UIA, conducido por Héctor Méndez y José Ignacio de Mendiguren.

Los ministros Amado Boudou (Economía) y Débora Giorgi (Industria) y los secretarios Guillermo Moreno (Comercio) y Eduardo Bianchi (Industria) desayunaron ayer en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA) con la cúpula de esa entidad. Los funcionarios, que ya pueden ser considerados habitués de esa casona sobre Avenida de Mayo, volvieron a escuchar los mismos reclamos que ellos y varios de sus predecesores vienen oyendo desde hace casi un lustro: legislación laboral (las iniciativas de Héctor Recalde, el diputado por la CGT), desamparo ante el vacío legal del régimen de accidentes del trabajo (y el consiguiente aumento de la denominada «industria del juicio»), financiamiento para las pymes y las tasas abusivas (y concurrentes con impuestos nacionales) que aplican algunas municipalidades. A esos reclamos «históricos» se les sumaron ayer al menos un par de novedades: los seguros ambientales -un tema que ya la CAME le había planteado a Giorgi hace dos semanas-, que hoy son seguros de caución (y los empresarios aspiran a que cualquier compañía de seguros generales pueda extenderlos) y la necesidad de que el Gobierno acentúe el denominado «compre de trabajo argentino».

El anfitrión fue el presidente de la UIA, Héctor Méndez, a quien acompañaron en la extensa mesa del salón Peteriby los miembros del Comité de Presidencia Luis Betnaza (Techint), José Ignacio de Mendiguren (indumentaria), Federico Nicholson (Ledesma), Adrián Kaufmann Brea (Arcor), Osvaldo Rial (UIPBA) y Daniel Funes de Rioja, entre otros.

Uno de ellos le dijo a este diario: «Ya sé que son reclamos vetustos, pero ¿qué quiere que hagamos? ¿Si cada vez que se los planteamos nos prometen que los van a solucionar y después pasan los meses, los años y todo sigue igual?».

En este sentido, según trascendió, el laboralista Funes de Rioja habría pintado un preocupante panorama respecto del incremento exponencial que se registra en el número de contenciosos en la Justicia laboral a partir del fallo de la Corte Suprema (hace cinco años) que declaró inconstitucionales los topes indemnizatorios para las ART, y otro que habilitó la denominada «doble vía» (cobrar esa indemnización y luego ir a tribunales a reclamar un monto mayor).

A su turno ambos ministros -el secretario Moreno permaneció llamativamente silencioso durante buena parte del desayuno- prometieron casi al unísono que el Gobierno promoverá las exportaciones de productos elaborados y la -tan temida por muchos sectores, no precisamente representados en la mesa de ayer- «sustitución de importaciones».

Para eso, volvieron a prometer «la puesta en marcha de los instrumentos financieros disponibles (particularmente el Programa de Financiamiento del Bicentenario), con el fin de potenciar las inversiones orientadas a estos objetivos», según reza el comunicado distribuido en la víspera por la UIA.

Hubo acuerdo en lo que hace a la necesidad de que los empresarios inviertan para mejorar y potenciar el aparato productivo, pero ese acuerdo difícilmente se traduzca en inversiones concretas si antes no se resuelven los problemas planteados ayer y desde hace cinco años. Así lo admitió otro de los industriales que estuvieron en la reunión, en coincidencia con lo dicho a este diario hace diez días por el propio Méndez. El comunicado de la UIA lo reconoce, pese a que habitualmente estos documentos se redactan de la forma más desleída posible: «La UIA consideró que la resolución favorable de estas cuestiones (ART, «leyes Recalde», industria del juicio, etc.) juntamente con los instrumentos de política pública expuestos durante la reunión, serán un fuerte incentivo al incremento de las inversiones productivas».

Cabe recordar que un día antes Méndez y el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, se habían reunido con Bianchi para discutir la integración de representantes sindicales y empresarios a las delegaciones oficiales que viajen al exterior a negociar acuerdos comerciales. Ya lo había hecho Nicholson, que acompañó a Cristina de Kirchner a la reunión de G-20 en Toronto. Para la excursión presidencial por China será el turno de Miguel Acevedo, de Aceitera General Deheza, una de las tres mayores exportadoras de aceite de soja del país.

La razón de la presencia de Acevedo en el avión presidencial es más que obvia: intentará destrabar la impasse en que se encuentran las exportaciones de ese «commodity» a su principal mercado que, pese a las optimistas declaraciones de funcionarios del Gobierno, siguen tan trabadas como cuando China anunció que no cumplían con sus estándares mínimos.