Moyano vuelve a controlar los reintegros a obras sociales

Hugo Moyano

Un hombre de Hugo Moyano volverá hoy a ejercer funciones en un organismo clave para las obras sociales sindicales. Después de dos semanas de absoluta parálisis de la Administración de Programas Especiales (APE), el gerente general del organismo, Daniel Colombo Russell, retomará hoy funciones aunque sin garantías de una agilización de los expedientes, reclamo central de los gremios. La APE se encarga de reembolsarles a las obras sociales sindicales el valor de los tratamientos médicos más costosos, con un presupuesto anual de $ 1.400 millones.

Colombo había abandonado sus tareas luego de la orden que impartió Moyano para que renunciara junto a otros dos funcionarios de su confianza por la acogida que tuvo en la Justicia un exhorto de Suiza que mencionaba al camionero.

En igual situación se encontraban hasta la semana pasada los gerentes de Jurídicos, Abel Beroiz (hijo del tesorero de la Federación de Camioneros asesinado en Santa Fe, del mismo nombre), y de Informática, Cristian Asorey.

La vuelta al trabajo de Colombo apunta más a una necesidad imperiosa de los sindicatos de hacerse de dinero para las obras sociales que a una resolución definitiva de los problemas en la APE. Es que el letrado había planteado que no firmaría más reintegros a las entidades de salud de los gremios hasta que no tuviese garantías de que no sería involucrado en la causa judicial por la denominada «mafia de los medicamentos».

A falta de esas garantías, el gerente general incrementará en la APE la presencia de personal del Instituto de Medicamentos (INAME) para verificar los troqueles, elemento central en los expedientes que presentan las obras sociales para el cobro de reintegros por la compra de medicamentos de alto costo.

Troqueles

Sin embargo, los técnicos del INAME no cuentan con elementos suficientes para asegurar la autenticidad de unos 15.000 troqueles en más de mil expedientes atrasados en el organismo. Sólo los laboratorios están en condiciones de brindar esas certezas respecto de la validez y trazabilidad de los cartoncitos.

Ante esos inconvenientes fácticos y a partir de la fuerte presión política que generó el avance de la causa por la «mafia de los medicamentos», que impulsa el juez federal Norberto Oyarbide, los expedientes quedaron prácticamente paralizados en lo que va del año. La APE sólo ejecutó reintegros por tratamientos médicos y no por compras de remedios, que representan más de la mitad de los pagos usuales, como informó la semana pasada este diario.

Reunión

La preocupación de los sindicatos, cuyas obras sociales dependen en buena medida del flujo de esos fondos, motivó el armado de una reunión que habrá esta semana entre el ministro de Salud, Juan Manzur, y algunos dirigentes de la CGT.

Esperan convencer al funcionario de aplicar un esquema que agilice los pagos de la APE y que al mismo tiempo actualice los valores de referencia que utiliza el organismo para calcular los reembolsos.

El mecanismo analizado incluye opciones que van desde un cambio en la cúpula del organismo para aventar las sospechas que pesan sobre la conducción respecto de los criterios de reparto, hasta el nombramiento de un comité de expertos para hacerse cargo de la distribución de fondos.

Otros dirigentes alientan la publicación en internet de todos los pagos y algunos hasta impulsan que sea el Ministerio de Salud el encargado de comprar los medicamentos más costosos para luego entregarlos a las obras sociales sindicales en función de sus necesidades.