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Moyano y un lunes negro: ¿señal de días más oscuros?
Cristina de Kirchner anunció ayer que el Gobierno, a través de la Superintendencia de Salud, «orientará» las compras de remedios de las obras sociales con fondos de empleadores y trabajadores. En el acto no hubo gremialistas.
Carpani, muerto en 1997, fue homenajeado ayer por la CGT de Hugo Moyano. El show que sirvió de coartada oportuna para que el camionero evada la presentación de Cristina de Kirchner sobre el régimen de trazabilidad que, de rebote, estalla en su rostro.
Prisionero de una broma brutal, los obreros robustos y poderosos de Carpani fueron revividos ayer por el camionero en horas que su propio poderío y su robustez política aparecen sometidas a un sondeo feroz, quirúrgico, por parte de la Presidente.
El refugio nostálgico en las acuarelas de Carpani tuvo otras coincidencias temibles para Moyano: la confirmación del procesamiento de Marcos Hendler y Daniel Lombardero, proveedor y auditor de la obra social de Camioneros, y de Hugo Sola, moyanista que gobernó la APE.
Esa epidemia tribunalicia podría, algún día, llegar hasta la administradora de Oschoca, Liliana Zulet, esposa del jefe cegetista. O hasta el propio Moyano. La causa la agilizó Claudio Bonadío, un juez sensible al microclima de la Casa Rosada.
La maldición sumó otro sketch: ayer, con un mes de delay, Cristina presentó en sociedad el esquema de trazabilidad, método ideado para detectar medicamentos truchos y procedimientos irregulares como el que se imputa a Hendler y a los soldados moyanistas.
El lunes negro se coronó con el regreso de un episodio que recuerda lo peor de los modos del camionero: el juicio oral a Emilio «Madonna» Quiroz, chofer de Pablo Moyano, acusado por tentativa de homicidio, en el traslado de los restos de Juan Perón a San Vicente en 2006.
Hugo Moyano milita en la fe cristiana evangélica pero tiene, desde ayer, renovados motivos para creer que las casualidades no existen. La política, al menos, suele transitar caminos que la religión no puede predecir.
Vacíos
La crítica presidencial que le asestó, el jueves pasado desde José C. Paz, hundió la relación entre la Casa Rosada y el jefe de la CGT en su peor instancia. Anoche, en el moyanismo, arriesgaban que el grado de tensión es peor que durante el affaire del exhorto suizo.
Moyano espera señales que, por ahora, no llegan. Ordenó un silencio que Julio Piumato, quizá el más K de los capitanes moyanistas, decidió quebrar. Y del peor modo: vía Twitter, reprochó que hasta payasos o narcos pueden pretender cargos, pero «sindicalistas no».
En el mismo tono, agregó: «Los sindicalistas les venimos bien cuando las papas queman, tenemos que poner el cuerpo, la cara, los h..., pero participar no». En un anexo, apuntó que ese concepto es esperable en sectores opositores, pero no de quienes «se dicen peronistas».
El camionero congeló, anoche, sus movimientos. Puso en stand by la cumbre del PJ bonaerense que se planeaba para el jueves, antes de la reunión del Consejo nacional partidario, en La Plata. Por ausencia de Alberto Balestrini, Moyano preside aquel cuerpo. Es, además, vice del que comanda Daniel Scioli tras la muerte de Néstor Kirchner. Se trata, en ambos casos, de trámites formales -la única pauta urgente es convocar a los congresos partidarios para autorizar a los consejos para definir las alianzas electorales-, pero el momento político, advierte, reclama algo más que formalismos.
Paz fría
Expectante, el camionero ve peligrar un modo de convivencia: usufructuaba, hasta ahora, ese estado de Guerra Fría sostenido sobre el concepto de que el Gobierno no tenía poder suficiente para desafiarlo sin sufrir, en la embestida, heridas temibles. Esas pautas están en revisión.
Su ausencia, ayer, en Casa Rosada agregó suspenso. En rigor, de los tres anuncios que hizo la Presidente, uno solo puede entenderse como dirigido a Moyano: la trazabilidad de los medicamentos, plan que surgió con la crisis por los medicamentos truchos.
Los otros dos, a priori, oscilan entre positivos y neutros. La ley de prepagas fue respaldada por los gremios. Al punto que en el encuentro de la cúpula de la CGT con la Presidente, en mayo, el moyanista Omar Plaini exploró la postura del Gobierno sobre la norma y Cristina explicitó su apoyo.
El plan para crear, en el propio Estado, un pool de compra de medicamentos para reducir precios -entre el PAMI y los ministerios de Salud y Desarrollo Social- no afecta, por ahora, a las obras sociales sindicales porque no modifica sus métodos de adquisición.
Filtró, sin embargo, una sugerencia al proponer que, «en algún momento», la Superintendencia de Seguros de Salud oriente «el formidable poder de compra que tienen las obras sociales» para -ahí la perdigonada- «transparentar, emprolijar y lograr mejores precios».
En días mejores, ese párrafo pudo ser una anécdota. En pleno forcejeo, se traduce como amenaza.


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