Nación pide a la Corte frenar tasa cordobesa a combustibles

La embestida es parte del enfrentamiento que mantiene la Casa Rosada con De la Sota

Hernán Lorenzino fue el vocero ayer de otro round con la provincia de Córdoba, esta vez por el impuesto a los combustibles. De la Sota mandó a decir que la tasa seguirá vigente.

El Gobierno nacional a través del Ministerio de Economía hizo ayer una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para pedir la derogación por inconstitucional del impuesto adicional a los combustibles instrumentado en la provincia de Córdoba desde el 7 de septiembre. También incluyó un pedido de «no innovar» para que se suspenda de inmediato la aplicación de este tributo.

Por su parte, el Gobierno de José Manuel de la Sota -vía el jefe de Gabinete, Oscar González-, respondió que con esta medida «no nos van a amedrentar». «Esto no es lo que necesita la Argentina», agregó y ratificó la legalidad de la norma.

«Parece que una voz le dijo a Lorenzino, después de tres meses, que tenía que hablar del tema», devolvió el funcionario cordobés en nombre del gobernador que se encuentra de gira por Brasil.

En tanto, el ministro de Infraestructura, Hugo Testa, explicó que el uso de la tasa vial «ya ha permitido el inicio de obras de reconstrucción de rutas y no nos vamos a distraer, simplemente vamos a cumplir la ley», desafió.

La polémica por la tasa vial que se cobra en los surtidores cordobeses cobró estado nacional luego de que dos distritos, Buenos Aires y la Capital Federal, anunciaron que impulsarían idénticas tasas para financiar obras viales, en el caso del primero, y el mantenimiento del subte, en el segundo.

Rechazo

El martes, el propio Hernán Lorenzino rechazó públicamente la aplicación de ese cargo fijo y cuestionó la intención de Daniel Scioli y Mauricio Macri de ir tras los pasos de Córdoba. De inmediato, el bonaerense desestimó la idea, mientras que el jefe de Gobierno porteño ratificó el proyecto que ese mismo día ingresó en la Legislatura.

Frente a este escenario, el titular de la cartera económica explicó que la presentación a la Corte, además, busca desincentivar que estas intenciones trasciendan a la provincia de Córdoba y se intenten aprobar en otras jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires y San Luis.

La embestida de la Casa Rosada contra la provincia es parte, en rigor, de los cortocircuitos que enfrentan al kirchnerismo con el delasotismo desde hace décadas, y que se profundizó por la negativa del Gobierno de reconocer la abultada deuda que le reclama la provincia por la Caja de Jubilaciones. Incluso, Córdoba ha llevado su demanda por fondos ante la Corte Suprema de Justicia.

Ayer, Lorenzino tomó el guante de la pelea y redobló la apuesta. «Hicimos esta presentación, con el patrocinio del Tesoro, para demandar la inconstitucionalidad de la Ley 10.081 de la provincia de Córdoba, aprobada en agosto de 2012, por la que se creó una supuesta tasa vial provincial que esconde, lisa y llanamente, un impuesto inconstitucional e ilegal», afirmó durante una conferencia de prensa junto al viceministro de Economía, Axel Kicillof.

Para la Nación, el cobro del impuesto cordobés se contrapone con las políticas nacionales que «tienden a incentivar el consumo interno y la productividad, y es la marca registrada del modelo que se lleva adelante desde 2003».