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Nada justifica tamaño arrebato de fondos
Juan Manuel Abal Medina.
Con este diagnóstico, en 1992 se estableció que de la recaudación de Ganancias -antes de coparticiparse y distribuirse a las provincias- se haría una exacción del 10% que tendría como destino el Fondo del Conurbano, creado a tales efectos. Esto implicaba que a medida que aumentaba la recaudación se incrementaba nominalmente el 10% que la provincia recibía.
Pocos años después, en 1995, comenzaron las presiones para ponerle un techo al Fondo. En aquel momento la recaudación del impuesto equivalía a 6.500 M de pesos-dólares, con lo cual se fijó un tope de $ 650 M. Aquí notamos el primer elemento que debe subrayarse: sólo en ese único instante, la provincia de Buenos Aires no se vio afectada, pues seguía recibiendo el 10% de los 6.500 millones de pesos. El problema, como el lector ya habrá percibido, se generó a medida que comenzó a incrementarse la recaudación de ese impuesto, de modo que continuó recibiendo los "congelados" $ 650 M y lo que derramaba por encima de ese monto, hasta llegar al 10%, se distribuiría entre el resto de las provincias, y actualmente se agravó como consecuencia de la abrupta devaluación llevada a cabo en estos últimos meses por el Gobierno nacional.
La actualización de los $ 650M debería ser adecuadamente instrumentada, toda vez que la fijación de un nuevo monto que satisfaga los intereses actuales de la provincia podría implicar que en el mediano plazo vuelva a producirse una inconsistencia jurídica, económica y social como la que hoy existe y que explica la irracionalidad de haber creado un régimen especial que hoy beneficia a todas las provincias salvo a la que se pretende reparar.
En otras palabras, actualmente se priva a Buenos Aires de recibir la coparticipación de un 14% de la recaudación de impuestos. No hay norma vinculada con la coparticipación que pueda justificar tamaño arrebato.
Frente a un entramado institucional que discrimina absolutamente a la provincia, con las consecuencias que esto genera para la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas, la obligación de quienes asumimos responsabilidades de representar al pueblo es reparar los errores y asegurarnos que no vuelvan a repetirse.
(*) Senador nacional (FpV Bs. As.)


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