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Negoció oficialismo y sacó dictamen de Papel Prensa
El plenario de cinco comisiones logró reunir ayer 173 diputados, más de los 129 necesarios para alcanzar quórum y sesionar en el recinto, fenómeno que no se produce hace más de un mes.
La iniciativa, que fija un «precio final igualitario» del papel para todos los diarios del país, en base al pagado por la parte compradora «que haya adquirido el porcentual de mayor volumen durante el último año», aunque nada aclara sobre una eventual actualización de ese precio en base a los índices de inflación. Además dispone que ningún grupo económico podrá poseer más del 33 por ciento accionario de una fábrica de papel de diarios. Igualmente, si el accionista posee un medio gráfico, su participación accionaria se reducirá al 10 por ciento. Poco después de la aprobación en la Cámara de Diputados, la presidente Cristina de Kirchner destacó el acuerdo conseguido por el oficialismo y la centroizquierda para avanzar con el proyecto: «Me hace feliz (la aprobación), no es proyecto del oficialismo, sino transversal».
Además, los dueños o accionistas de papeleras para diarios no podrán «tener vinculación jurídica societaria ni sujeción directa o indirecta, hasta un máximo de un diez por ciento del paquete accionario de empresas de servicios de comunicación audiovisual nacionales o extranjeros». Para los empresarios que no se adapten a estas disposiciones, el proyecto fija una cláusula de desinversión en el artículo 16: «Transición. Las y los titulares y/o accionistas de las personas jurídicas productoras, comercializadoras y distribuidoras del papel de pasta celulosa para diarios que a la fecha de su entrada en vigencia no reúnan o no cumplan con los requisitos previstos en el artículo precedente, o tuvieran una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente ley en un plazo no mayor a tres (3) años».
Y en caso de que la producción nacional de papel no fuera suficiente y resultara necesario importar, «el Poder Ejecutivo Nacional garantizará a través de subsidios el precio final igualitario». La reunión de Comercio, Asuntos Constitucionales, Comunicaciones e Informática, Libertad de Expresión y Peticiones, Poderes y Reglamento había comenzado cerca de las 12.30, con dos posturas bien diferenciadas: el kirchnerismo quería firmar el dictamen y la oposición pretendía establecer sólo una agenda de tratamiento.
Con esa dicotomía como eje del debate, opositores y oficialistas mantuvieron reiterados cruces verbales durante las seis horas que duró el encuentro, que dio lugar a una encendida discusión entre la diputada de la Coalición Cívica, Patricia Bullrich, y la oficialista Juliana Di Tulio.
«Que se pase lista», reclamó la legisladora de la CC, moción a la que se sumaron los opositores Graciela Camaño (peronista), Margarita Stolbizer (GEN), y Rubén Lanceta (UCR), entre otros.
Pese a la insistencia, Di Tulio no dio lugar al pedido de las bancadas anti-K, por lo que el radicalismo, el espacio de Elisa Carrió, el PRO, el GEN, el Peronismo Federal y el socialismo firmaron una nota en la que remarcaron que estaban en desacuerdo con «el avance del dictamen».


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