Ni Rodríguez Larreta se salvó de espías de su propia Policía

Apareció investigado en pc del jefe de la nueva fuerza porteña

Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Palacios

El jefe de Gabinete del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta apareció ayer vinculado a una serie de informes que el subjefe a cargo de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro tenía en su computadora. Una pericia ordenada por el juez federal Norberto Oyarbide, en el marco de la causa que investiga las escuchas supuestamente ilegales al empresario Carlos Ávila y al familiar de las víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, reveló que el titular interino de la fuerza porteña tenía en su CPU documentación relacionada con las situaciones patrimoniales y financieras de distintos políticos opositores y funcionarios macristas.

Además de Rodríguez Larreta, dentro de los pedidos de informes también figuraban los legisladores porteños Diana Maffia, integrante de la Coalición Cívica y una de las más opositoras del oficialismo en la Ciudad, la ex kirchnerista Sivia La Ruffa, quien integra la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña; el kirchnerista Gonzalo Ruanova, y Patricio Datarmini, dirigente del poderoso gremio de municipales Sutecba.

El jefe de Gabinete del Gobierno porteño, enfrentado con el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios se reunió anoche con el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Guillermo Montenegro y el secretario general del Gobierno porteño, Marcos Peña, para analizar la situación. En ese encuentro se determinó que Montenegro pedirá hoy una audiencia con Oyarbide, para consultarlo sobre las pruebas que hay relacionadas con esos pedidos de informe y tratar de colaborar con la investigación. Desde el entorno del ministro señalaron que, si se confirmaba la información conocida ayer, se trataba de un hecho de «altísima gravedad» sobre el que el Gobierno porteño iba a tener que analizar las medidas a tomar.

La computadora de Chamorro había sido secuestrada durante los allanamientos a los ministerios de Seguridad y Justicia y de Educación de la Ciudad, la empresa de seguridad ARPA, perteneciente a Palacios, y el estudio jurídico de Chamorro, que Oyarbide ordenó hace un mes.

El peritaje judicial entregado ayer al magistrado reveló que el ex jefe de la Policía Metropolitana tenía almacenado en la PC de su estudio una carpeta de word con el nombre «Osvaldo», en la que figuraban una serie de pedidos de informes a la empresa Nosis sobre los legisladores y funcionarios mencionados. Figurarían también otros legisladores oficialistas en esos archivos.

La pesquisa sobre el supuesto espía Ciro Gerardo James, encargado de trasladar a los juzgados de Instrucción N° 1 y Nº 2 de Misiones las grabaciones de Ávila, Burstein y otras víctimas de pinchaduras con las mismas características, como el cuñado de Macri, Néstor Leonardo (baleado en un confuso episodio la semana pasada en la puerta de su casa), y el abogado Francisco Castex (integrantes del conocido estudio Iribarren), complicó todavía más al Gobierno porteño.

El juzgado recibió ayer además un pedido de exención de prisión, presentado por Palacios, que deberá ser resuelto en los próximos días. Varios medios habían anunciado la posibilidad de que el ex jefe de la Policía porteña fuese citado a declaración indagatoria en el futuro inmediato al ser uno de los posibles vinculados a la causa desde un comienzo, ya que ésta se inició con un hábeas corpus presentado por Burstein, en el que denunció haber recibido un llamado anónimo que le advirtió que Palacios lo habría espiado. A partir de esa presentación, se descubrió la conexión entre las pinchaduras, los juzgados de Misiones y el supuesto espía, quien además tenía dos contratos por $ 57 mil pesos con el Ministerio de Educación porteño y había pedido su baja en la Policía Federal para ingresar en la fuerza metropolitana. El juzgado ratificó que James, procesado con prisión preventiva, tenía más de 290 llamados con Palacios, Chamorro y otros funcionarios de la Policía porteña.

Por otro lado, Oyarbide solicitó ayer que se iniciara juicio político para los jueces de Misiones, Horacio Gallardo y José Luis Rey, quienes no se presentaron a las dos citaciones indagatorias ordenadas por el magistrado federal. El pedido de desafuero fue presentado en la Cámara de Diputados de Misiones, que deberá resolver si se inicia el jury, se quitan los fueros a los jueces y se deja así abierto el camino para que Oyarbide ordene sus detenciones.