“No comparto privilegio a Sala, pero cautelar de la CIDH es obligatoria”

Gerardo Morales ratificó que su administración garantizará “la vida y la integridad” de la dirigente social. Garavano subestimó resolución.

La medida cautelar del pasado viernes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) disparó una cuenta regresiva de 15 días hábiles para la Justicia jujeña, que deberá expedirse respecto de la solicitud del organismo de aplicar "medidas alternativas a la detención preventiva" de la dirigente kirchnerista Milagro Sala, "como el arresto domiciliario".

"No comparto que la CIDH otorgue el privilegio de prisión domiciliaria a corruptos, aunque sus cautelares son obligatorias", aseguró anoche el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, a través de su cuenta en la red social Twitter.

El mandatario de Cambiemos además remarcó que redobla su "lucha por la paz, contra la corrupción y la violencia".

"Necesitamos más jueces con coraje que hagan cumplir la ley sin dilaciones", arengó.

Este escenario se da en medio de la carrera electoral hacia las PASO nacionales del 13 de agosto, por lo que en algunos círculos locales especulaban ayer con que la respuesta judicial jujeña se conocería recién después de la votación.

En las últimas horas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos nacional, Germán Garavano, precisó que las autoridades judiciales jujeñas deberán ahora analizar el pedido de la CIDH -que, en los hechos, es un cambio en las condiciones de detención y no su liberación- y que en 15 días hábiles el Gobierno "hará una devolución en base a las medidas que tomen los magistrados".

"No podemos inmiscuirnos, más allá de trasmitir esta recomendación y las autoridades judiciales evaluarán qué decisión toman", remarcó.

El funcionario de Mauricio Macri además resaltó que la decisión de la CIDH debe leerse como "una recomendación con una tónica humanitaria por las condiciones en las que los mismos comisionados que estuvieron en Jujuy encontraron a la propia Milagro Sala".

El pasado viernes, el organismo solicitó al Estado argentino "medidas alternativas a la detención preventiva" de Sala -activada en enero de 2016 por supuestos manejos irregulares de fondos públicos para la construcción de viviendas- "como el arresto domiciliario" o que "pueda enfrentar los procesos (judiciales) en libertad, con medidas como la fiscalización electrónica".

"Sin perjuicio de que la resolución convalida la actuación de la Justicia provincial con relación a la prisión preventiva, avocándose sólo a la situación de la integridad personal de la señora Sala por presuntos actos de hostigamiento en su contra, desde el Gobierno de la Provincia, en lo que es de su competencia reafirma su compromiso de garantizar la vida y la integridad personal de la señora Sala", sostuvo Morales el sábado en un comunicado, además de recordar una definición suya de enero, cuando aseguró que "Milagro Sala se robó todo, muchachos".