No hubo boda gay, y ahora la Corte debe definir permiso

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La disputa judicial y un Mauricio Macri que no quiso avanzar más frustraron ayer lo que hubiera sido el primer casamiento gay de Latinoamérica, posibilidad que había otorgado el jefe de Gobierno porteño cuando decidió no apelar un fallo local. Ayer, igual, la pareja hizo el intento y llegó al Registro Civil con una caravana de adherentes con la que intentó forzar el trámite, cuestión que fue derivada a la Corte Suprema (ver nota aparte).

«¡Igualdad, igualdad!». «¡Que se casen, que se casen!», animaban los asistentes, junto a la pareja que conforman Alex Freyre y José María Di Bello, que llegaron a las oficinas del Centro de Gestión y Participación de la calle Beruti al 3000, en el barrio de Palermo, en un camión con acoplado adornado con globos que se estacionó frente a las dependencias del Gobierno de la Ciudad, con un cartel que decía: «No a la discriminación».

Junto a los novios, de traje oscuro con la solapa recubierta de una gruesa cinta de raso rojo -símbolo de la lucha contra el sida-, en todo momento estuvo la titular del INADI, María José Lubertino, de impecable saco blanco. La funcionaria, promotora de las acciones judiciales para conseguir la celebración del matrimonio, reclamó por la intervención de Macri para que se realizara el casamiento. En esa espera, que transformó la fiesta planificada en protesta, hubo una andanada de reclamos al jefe porteño y también confusión jurídica. En medio de la polémica, la jueza porteña ratificó su fallo a favor del casamiento.

Lo cierto es que Macri finalmente obedeció el fallo de la jueza del fuero civil de la Nación -Marta Gómez Alsina-, contra el de la magistrada local -Gabriela Seijas-, que había declarado inconstitucionales los artículos del Código Civil que establecen que el matrimonio lo integran un hombre y una mujer. Además de Alsina, también la Cámara se pronunció en contra de Seijas.

Otra de las voces del reclamo para que se realizara la boda fue la de María Rachid, titular de la Federación Argentina de Lesbianas Gays, Bisexuales y Trans (LGBT). «Macri, no borre con el codo lo que escribió con la mano», impulsó junto a «Taty» Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Lo cierto es que se discuten las competencias en un conflicto inusual para la Justicia, ya que por un lado el fuero Contencioso porteño falló sobre un amparo; y por el otro, el Civil nacional, sobre un recurso presentado por dos abogados ligados a la Iglesia Católica. Además, se da la particularidad de que la Ciudad de Buenos Aires, con su acotada autonomía, no tiene Justicia civil, tampoco laboral ni comercial. Los juzgados porteños entienden en materia contravencional y de faltas, en algunas cuestiones penales menores y en las causas donde el Gobierno porteño es demandado o querellante (Contencioso Administrativo y Tributario). Por eso, de haberse celebrado la boda entre dos personas del mismo sexo en la Capital Federal, no podrían divorciarse, por ejemplo, ya que ese trámite se realiza en la Justicia nacional.

Pero, como el Registro Civil es local, al igual que en las provincias, el Gobierno macrista podría haber resuelto no acatar el fallo federal y que se celebre la boda de todas maneras. Eso le hubiera valido a Macri, seguramente, una causa por desacato.

Para Lubertino, legisladora electa del kirchnerismo, la decisión de Macri es de «gravedad institucional porque se ha avasallado la autonomía» del distrito, al dejar en firme una decisión de una jueza de otra jurisdicción.

«Esta decisión mostró el verdadero rostro de Macri», sintonizó el legislador porteño Aníbal Ibarra y hermano de la diputada Vilma, quien impulsa en el Congreso la modificación al Código Civil para permitir el matrimonio de parejas homosexuales.

En la Ciudad existe el trámite de unión civil para esos casos, pero, a diferencia del casamiento heterosexual, los contrayentes no tienen derecho a herencia, entre otras cosas.

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