Un plenario de comisiones en Diputados apuró ayer, en modo exprés, el dictamen de la nueva moratoria previsional que ya aprobó el cristinismo en el Senado. De esta manera, se espera que el proyecto se convierta en ley en las próximas dos semanas.
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Nueva moratoria previsional, con dictamen exprés
La ley fue muy acelerada en la Cámara alta por Juliana Di Tullio, quien aseguró meses atrás que el porcentaje del PBI involucrado será “de 0,02% este año y 0,3% el próximo”.
Tiempo después, la siempre seria Oficina de Presupuesto del Congreso dejó claro en un informe que “se estima que para el primer año de aplicación de la medida el impacto fiscal sería de 0,27% del PBI, llegando durante el segundo año a 0,42% del PBI”. Es decir, muy alejado de lo expuesto y defendido por Di Tullio en el Senado.
Ayer, Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría e intentará sumar adhesiones para no votar dividido, algo que no ocurrió en la Cámara alta debido a las ya más que usuales dificultades del radical Alfredo Cornejo para manejar el interbloque.
En el Senado fue importante el voto a favor de la peronista anti K Alejandra Vigo, que podría traducirse en votos de cordobeses en Diputados. Ayer, el jefe del interbloque federal en la Cámara baja, Alejandro “Topo Rodríguez”, acompañó en disidencia la iniciativa y advirtió: “Las estimaciones sobre el eventual impacto fiscal de esta medida varían del 0,28% del PBI hasta el 0,48% del PBI, en este último caso acumulado al segundo año de implementación, según distintas fuentes consultadas. En consecuencia, corresponde que se informe cuáles son las finalidades, funciones y partidas presupuestarias a eliminar o reestructurar, con el propósito de afrontar el impacto fiscal”. Según Rodríguez, el Presupuesto 2023, ya sancionado por el Congreso, “no contempla el financiamiento del impacto fiscal resultante de la implementación del Plan de Pago de Deuda Previsional que se propone aprobar”.

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