Nuevas subas en transporte y peajes a partir de enero

Mauricio Macri

Según un informe de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública), al finalizar 2009, el Estado habrá gastado en subsidios: $ 21.427,16 millones para el sector energético y $ 15.002,96 millones para el transporte. Un total de $ 36.430 millones, mientras en 2010 el Presupuesto incluye desembolsos por $ 35.000 millones para el total de subsidios a empresas públicas y privadas.

Esto permite deducir que el Estado necesita recortar las subvenciones a la energía y al transporte en 2010, y que para esto deberá subir tarifas. Las necesidades fiscales indicarían también que lo prioritario es aumentarlas para bajar el gasto del Estado, con lo cual quedarían en segundo plano los ajustes para mejorar ingresos de las empresas prestadoras.

Se afirma que el próximo año comenzará con incrementos en el transporte metropolitano (colectivos, trenes y subtes) y con un nuevo ajuste en los peajes para los accesos a la Capital Federal que rondarían entre el 25% y el 30%.

Este último aumento es el que venía solicitando sin éxito Autopistas del Sol desde mediados de año, como lo hizo notar en las últimas semanas al entrar en default, pero ahora sería autorizado por el Gobierno nacional. En esto juega el hecho de que el Gobierno de Mauricio Macri subirá el 25% los peajes de las autopistas metropolitanas (25 de Mayo, Dellepiane, Perito Moreno e Illia) desde el 10 de diciembre y que habitualmente hay una correspondencia entre lo que se paga por transitar por estas vías y los accesos a la Capital, como la Panamericana.

Pero la dificultad más seria para bajar subsidios (o por lo menos no subirlos en términos reales) se produce con las tarifas de gas y electricidad, debido a los fallos judiciales adversos.

Por esas decisiones en varias localidades y provincias está prohibido directamente facturar con el cargo adicional en el primer caso y con los nuevos cuadros tarifarios para la luz, que implican subas de hasta el 280% en el valor del kilovatio para los que más consumen. (En esta situación se encuentran localidades como Avellaneda y Quilmes, y provincias como Corrientes, Entre Ríos, Salta y Tucumán.)

En otras localidades y provincias, como la Capital Federal, los fallos judiciales no favorecen al Gobierno, pero sólo prohíben cortar el servicio a los usuarios que no abonen las subas. Como consecuencia de que llegan en las facturas y no tienen por ahora incidencia importante debido a que no hay temperaturas extremas, más del 90% de los usuarios pagan los incrementos.

Además de esto, ya está comprobado que en el invierno, cuando más gas y electricidad se consume y por lo tanto cuando más se puede recaudar, hay una imposibilidad política de cobrar los aumentos, situación que tiene más chances de repetirse este año con el cambio en la composición del Congreso.

Por último, la Justicia podría dar un giro definitivo y declarar inconstitucionales la suba en la electricidad para cubrir importaciones de combustibles.

Todo esto, unido a la presión de las productoras de gas y de las provincias como Neuquén, podría derivar en un nuevo esquema de subas que abarquen a un conjunto más grande de clientes con un aumento menor.

Entre las empresas privatizadas circula la idea de aplicar una suma fija de aumento para la mayoría de los consumidores, mayor para los que más gastan, pero dentro de parámetros acotados. Las prestadoras reclaman, en realidad, un ajuste de esas características para mejorar sus propios ingresos, pero también se lo ve como una salida de última instancia para que el Estado pueda bajar subsidios.

Para fundamentar este criterio se indica que el nivel de consumo como una variable única para categorizar es ineficaz. Una familia en un departamento de los barrios más caros de la Capital paga precios muy bajos por la energía, por el tipo de construcción y porque tiene aparatos modernos de bajo consumo.