Nuevo intento de control de vuelos sin militares

Juan Pablo Schiavi

Con la toma efectiva del poder de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), Alejandro Granados (h) intentará desde hoy sacar de la parálisis al sistema de control de la actividad aerocomercial del país. Hereda un campo minado que no pudo, no supo o no quiso desactivar su predecesor, Rodolfo Gabrielli.

Granados, ex vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), debutó con funciones recortadas en un acto al cual asistieron Julio De Vido (amigo y promotor de Gabrielli) y Amado Boudou. Su primer objetivo es revertir la nota S.T. Nº 3143 del 29 de julio pasado, girada por Juan Pablo Schiavi al saliente Gabrielli en la que ordenaba a la ANAC: «Suspender todo trámite de autorización, visado, aprobación, homologación, así como cualquier acto constitutivo, declarativo o revocatorio de derechos y/o intereses de terceros, debiéndose remitir aquellos que sean calificados con carácter de urgente a esta Secretaría para así resolver». El escrito -aún vigente- limita el poder del administrador de la aviación civil para intervenir en el otorgamiento, resolución y rescisión de concesiones y autorizaciones de servicios de transporte aerocomercial, servicios de aeropuertos y de navegación aérea, entre otras funciones. Esas facultades pasaron de hecho al secretario Schiavi. «La violación de la suspensión de las acciones indicadas será pasible de las penalizaciones establecidas en el régimen jurídico aplicable al empleo o función que revista el agente o empleado. Quedan ustedes notificados», firmaba el secretario de Transporte.

Aspiración

Gabrielli había renunciado a su cargo en esa misma fecha en medio de una serie de conflictos gremiales irresueltos, presiones por supuesta flexibilidad en el otorgamiento de frecuencias a empresas privadas extranjeras en detrimento de Aerolíneas Argentinas y Austral, y por el aterrizaje en Bariloche de un avión de la uruguaya Pluna, procedente de Montevideo, sin la autorización de la ANAC. También lo acechaba una auditoría de la Administración Federal de la Aviación de los Estados Unidos (FAA, según su sigla en inglés). Su vocero dijo a este diario que había otras razones que justificaban su renuncia, pero Gabrielli nunca las aclaró.

El 1 de julio pasado finalizó la autorización que había dado la ministra de Defensa, Nilda Garré, para que más de 2.700 militares (torreros, controladores aéreos, seguridad, plan de vuelo, etc.) del ex Comando de Regiones Aéreas (CRA) permanecieran «en comisión» dentro del nuevo esquema laboral de la ANAC. Garré se vio obligada a extender el plazo por seis meses más, pues el organismo que ahora heredó Granados no resolvió el encuadre escalafonario de los transferidos en el lapso anterior de Gabrielli.

El sector más influyente, liderado por César Salas, presidente de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo (ACTA), aspira a ocupar una de las cuatro patas del poder de la ANAC, la Dirección Nacional de Servicios de Navegación Aérea. Plantearon varios objetivos, entre ellos: representación en niveles de conducción de la autoridad aeronáutica, participar en el diseño de la estructura del sistema de Control de Tránsito Aéreo, plan de carrera para los controladores, definir remuneraciones acordes con la función y actualización tecnológica del área de trabajo. El último punto se cumplió con la incorporación de nuevas consolas para los aeropuertos de Ezeiza y Córdoba, la compra del radar secundario Indra de origen español y la reparación del radar primario Thomson efectuada por Thales; por esa tarea finalizada en 2007 se adeudan cerca de 70 mil euros.

El 30 de julio último, la autoridad de aviación civil estadounidense bajó a Categoría 2 la actividad aeronáutica de México por no cumplir los estándares de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI). La pesadilla también hubiera alcanzado a la ANAC de no mediar un pedido de prórroga -casi un ruego- que planteó el renunciado Gabrielli antes de que la delegación de auditores estadounidenses se desplazara a la Argentina el pasado 9 de agosto. El ente norteamericano aceptó la prórroga; tiene información fidedigna de la lentitud con que se lleva a cabo el cambio de jurisdicción del personal civil y militar del ex CRA a la órbita civil de la ANAC y que no se completó la corrección de las anomalías observadas hace casi un año sobre los sistemas de seguridad, habilitaciones, aeronavegabilidad y entrenamiento de tripulaciones de aeronaves comerciales que se utilizan en el país.