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Nuevo juez, frente a conflicto por tierras en Paraguay
Fernando Lugo
En un fallo de la Sala Civil los magistrados dictaminaron que la mensura quede a cargo de un nuevo juez, después de que los abogados del terrateniente Tranquilo Favero recusaran al anterior y consiguieran parar los trabajos.
El colono «brasiguayo» Favero es el principal productor individual de soja de Paraguay, que tiene en ese cultivo su primer rubro exportador, pero el movimiento de campesinos «sin tierra» lo acusa de haberse apropiado de tierras durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
La disputa en Ñacunday, en la provincia de Alto Paraná, fronteriza con la brasileña Paraná, se reabrió a mediados de enero pasado con una nueva amenaza de ocupaciones por parte de los «sin tierra», liderados por la Liga Nacional de Carperos.
Los «carperos» -llamados así porque acampan- se encuentran «en la cabecera de las propiedades de Favero» a la espera de que se dé la orden judicial de desalojo con la que amenazó el ministro de Interior, Carlos Filizzola, dijo ayer el portavoz de la Oolicía provincial, Augusto Lima.
Filizzola aseveró que «el desalojo se hará», pendiente sólo de que se complete el «protocolo», después de que uno de los líderes «carperos», Victoriano López, dijera que no piensan moverse del lugar.
Los campesinos -8.000 según Filizzola y 10.000 según López, aunque el portavoz policial los cifró en apenas 300- se encuentran actualmente en un camino por donde atraviesa el tendido eléctrico de la estatal ANDE y que sirve de tránsito por las propiedades afectadas, de acuerdo con Lima.
El jefe del Gabinete de la Presidencia, Miguel López Perito, dijo que les había propuesto trasladarse a 30.000 hectáreas de terreno público aledaño, pero López aseguró que se trata de una «gran mentira» y no han recibido oferta alguna.
«Hace 13 años que estamos con este conflicto, ya estamos todos cansados», exclamó. «¿Adónde quieren que vayamos? Los campesinos dijeron que no van a salir de acá y que no tienen miedo de nadie y se van a enfrentar con los que vengan», añadió el «carpero».
A la disparidad de cifras, se suma la aparente disensión dentro de la liga campesina -hay otras voces más conciliadoras- y el obvio malestar de la Presidencia con López por pretender poner al Gobierno «contra las cuerdas», como dijo Perito.
El presidente del país, Fernando Lugo, amenazó el pasado 6 de este mes con usar «todos los medios disponibles» para evitar ocupaciones y enfrentamientos en Ñacunday.
Si bien asumió que en la zona hay tierras adjudicadas irregularmente, Lugo observó que compete a la Justicia decidir quiénes son sus verdaderos propietarios «en el marco de los juicios que habrán de iniciarse».
Si la Justicia determina qué parte de las tierras pertenecen al Estado, como aseguran los campesinos, el Ejecutivo dispondrá su posible adjudicación, añadió.
Diez días después, el asesor legal de la Presidencia, Emilio Camacho, cifró en 180.000 hectáreas las tierras públicas «ocupadas» por Favero y dijo que el Estado no renunciará a ellas por agradar al terrateniente, al que calificó de «capanga» (capataz o autoritario, en guaraní).
El asesor se remitía a datos del Instituto Nacional de Desarrollo y de la Tierra (Indert), que el año pasado inició unas tareas de medición de 257.000 hectáreas en Ñacunday que podrán reanudarse ahora tras el fallo del Supremo.
Camacho se sumó a la condena general a Favero por unas declaraciones elogiosas de la dictadura de Stroessner y de desprecio al campesinado paraguayo hechas a un medio brasileño, que le valieron una declaración de «persona no grata» de la Municipalidad de Asunción.
El latifundista se retractó días después de sus palabras, pero agudizó un conflicto irresuelto en Paraguay desde hace décadas.
Según un informe de 2008 elaborado por la Comisión de la Verdad y la Justicia (CVJ), durante la dictadura de Stroessner casi 6,75 millones de hectáreas fueron adjudicadas irregularmente y otro millón más en los 15 años siguientes de Gobierno «colorado», lo que representa el 64,1% del total de tierras entregadas a colonos.
Las tierras «mal habidas» según la CVJ, que pidió a los poderes del Estado tramitar su recuperación, representan el 32,7% de la superficie arable del país y el 19,3% de todo el territorio nacional.
Agencia EFE
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