Nuevo subsidio para las familias pobres costará $ 10.000 millones

Cristina de Kirchner dijo que las asignaciones anunciadas mejoran la situación pero no terminan con la pobreza.

Cristina de Kirchner anunció ayer el pago de una asignación de $ 180 mensuales a todos los menores de 18 años cuyas familias no perciban otro tipo de beneficios y será de por vida para discapacitados. El plan, que comenzará a regir en noviembre, tendrá un costo fiscal cercano a los $ 10.000 millones anuales, según estimó el Gobierno.

El decreto firmado por la Presidente y todo el gabinete indica que el 80% del pago de esta asignación se hará en efectivo y el 20% restante por medio de una tarjeta magnética para la cual se crearán cuentas en el Banco Nación sin costo. Los fondos provendrán del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Seguridad Social (FGS), que depende de la ANSES, engrosado a partir de los recursos procedentes del sistema jubilatorio privado estatizado el año pasado.

Según explica la norma, el padre o tutor que cobrará la asignación debe estar desempleado o trabajar de manera informal. Sin embargo, será requisito que en caso de ser empleado en negro su salario no supere el mínimo vital y móvil, hoy de casi $ 1.500. La duda que surgió ayer -apenas terminado el anuncio- fue cómo demostrarán los beneficiarios los montos de sus ingresos, al no contar con recibos de sueldo.

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La medida se anunció ayer al mediodía en un acto encabezado por Cristina de Kirchner junto al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. En el salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, el público estuvo integrado por gobernadores, sindicalistas, legisladores nacionales y dirigentes sociales. En las primeras filas se ubicaron el líder de la CGT, Hugo Moyano, que felicitó efusivamente a la presidente luego de su discurso; el piquetero Emilio Pérsico (separado de su cargo de subsecretario de Comercialización del Ministerio de Desarrollo Social, luego de que su hijo fue detenido mientras transportaba plantas de marihuana en un auto oficial) y la dirigente jujeña Milagro Sala.

Si bien la medida fue anunciada como de carácter «universal», no abarca a aquellos padres cuyos hijos reciben un subsidio similar y tampoco a empleados formales. Además, se entregará un máximo de cinco asignaciones por familia.

Desocupados, trabajadores informales y monotributistas sociales recibirán el mismo beneficio que obtienen los trabajadores en blanco, según anunció en el acto la Presidente. «El que piense que con esto se erradica la pobreza, está mintiendo», subrayó y destacó que sólo el trabajo genuino y «decente» soluciona ese problema.

Al realizar el anuncio, la Presidente dijo que el Gobierno revisó los proyectos de ley presentados para crear la asignación universal y dispuso implementarla con fondos de la ANSES, ya que está en contra de la creación de nuevos impuestos en el actual contexto.

«Este es el sistema más redistributivo y más justo, porque paga por cada uno de los hijos, sin distinción. La ampliación de este beneficio llegará a los hijos de desocupados y a sectores de la economía informal y no tiende a competir en el mercado laboral quitando mano de obra», sostuvo la Presidente.

Por otra parte, cuestionó a los sectores que no apoyaron la estatización de las AFJP, ya que a partir de esa medida, según dijo, se pudo universalizar la asignación por hijo.

«A los que no nos acompañaron en el Congreso cuando decidimos que los recursos de los trabajadores volvieran al sector público, bueno, fíjense cómo podrían haber ayudado también para que esto se hubiera llevado adelante», afirmó.

Además, consideró que «nadie nunca podrá dejar de ser pobre si no tiene educación ni salud», y precisó que como requisitos se exigirá que los chicos beneficiados «tengan atención médica y vayan al colegio».

Tras participar del anuncio que realizó la Presidente, el ministro de Economía, Amado Boudou destacó que antes de oficializar la medida «se evaluaron las posibilidades de recursos que había». Fue cuando calificó a que las propuestas similares lanzadas desde la oposición como una «ilusión», porque no definían de dónde saldrían los fondos.

«Un proyecto que incluye gastos y no los recursos es una ilusión. De todas las iniciativas que estaban dando vueltas, ninguna tenía en cuenta el financiamiento», explicó.