Comandos estadounidenses capturaron el sábado al dirigente de Al Qaeda Abu Anas al Libi en las calles de Trípoli cuando estacionaba su automóvil y lo condujeron a un barco para su interrogatorio. Libia denunció la operación como un secuestro y citó al embajador estadounidense.
La administración Obama declinó decir si solicitó permiso al débil Gobierno prooccidental libio, pero insistió en que la operación fue legal. Al respecto, el mandatario sostuvo ayer que Al Libi "ayudó a planificar y ejecutar atentados en los que murieron centenares de personas, muchas de ellas estadounidenses. Tenemos fuerte evidencia de ello y será presentado ante la Justicia".
El secretario de Estado John Kerry subrayó que Al Libi, un experto en computación que obtuvo asilo bajo el régimen de Muamar al Gadafi, fue acusado por un tribunal de Nueva York en 1998 de los atentados contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania, en los que murieron más de 200 personas.
"EE.UU. hará todo lo que esté a su alcance, que sea legal y apropiado a fin de hacer respetar la ley y proteger nuestra seguridad", dijo el canciller. La administración Obama justificó la operación en el marco de la autorización para el uso de la fuerza militar otorgada en 2001 por el Congreso, que permite al presidente emplear la fuerza contra cualquier nación, grupo o persona involucrada en los ataques del 11 de setiembre. Pero según la ley internacional, el caso es menos claro. El artículo 2(4) de la Carta de la ONU prohíbe a las naciones las amenazas o el uso de la fuerza contra otros estados.
Washington pudo haber obtenido aprobación tácita de Trípoli, pese a sus negativas públicas, pero de lo contrario necesitaría dar otros argumentos para justificar la operación, como por ejemplo que Libia permitió que se usara su territorio para planificar un ataque, sostuvo Robert F. Turner, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia."También sería una acción legal si él todavía estaba involucrado con el terrorismo", agregó.
En 2003, la CIA secuestró al clérigo Mustafa Osama Nasr en las calles de Milán y lo envió a su país natal, Egipto, donde sus abogados dijeron que fue torturado. Más tarde un tribunal italiano sentenció a 23 agentes de la CIA a prisión en ausencia, pese a especulaciones de que el primer ministro Silvio Berlusconi había aprobado discretamente la operación. Probablemente las autoridades estadounidenses envíen a Al Libi a juicio, luego de interrogarlo a bordo del buque, supuestamente el "USS San Antonio".
En un caso anterior de la administración Obama, Ahmed Abdulkadir Warsame -un somalí acusado de lazos con Al Qaeda- fue enviado a juicio en Nueva York en 2011 luego de ser interrogado durante más de dos meses a bordo del USS Boxer.
"El mismo tipo de preocupación y problemas se plantean aquí, cuando la administración parece ampararse en la racionalidad de la ley de la guerra, para escapar a los condicionamientos que se aplican bajo el sistema de justicia criminal", sostuvo Hina Shamsi, director of the American Civil Liberties Union's National Security Project.
El artículo 22 de la Tercera Convención de Ginebra sobre las normas de la guerra prohíbe mantener prisioneros en buques. Pero la administración Bush argumentó que los sospechosos de terrorismo no eran prisioneros de guerra. En una de sus más controvertidas decisiones, la administración Bush envió a los sospechosos de Al Qaeda a la base naval de Guantánamo, en Cuba, donde no están protegidos por las garantías que otorga la Constitución del país. .
Las justificaciones de la administración Obama "son muy similares a los argumentos en los que se basó la administración Bush, aunque Obama demostró mucho más interés en llevar a los sospechosos a juicio en EE.UU. en lugar de detenerlos durante largo tiempo en Guantánamo o en otros lugares en el exterior", afirmó Matthew Waxman, profesor en Columbia Law School.
| Agencia AFP |
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