Obama logró frenar la ley racista de Arizona

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Phoenix, Estados Unidos - A horas de su entrada en vigor, una jueza federal estadounidense bloqueó ayer los aspectos más conflictivos de la ley antiinmigrantes de Arizona, que había sido impugnada judicialmente por el Gobierno de Barack Obama y organizaciones civiles. Éstos expresaron su satisfacción, pero los promotores de la norma, entre ellos la gobernadora republicana de Arizona, dijeron que seguirían adelante con el espíritu de la iniciativa.

En consecuencia, la ley SB1070 entrará a regir parcialmente hoy sin las disposiciones que en la práctica hacían que por primera vez se declarara la inmigración ilegal como un delito penal en un estado norteamericano, lo que supone prisión para el «delincuente», deportación y desmembramiento familiar.

La jueza federal de la ciudad arizoniana de Phoenix, Susan Bolton, ordenó bloquear partes controversiales hasta tanto haya una decisión sobre el fondo del asunto, al señalar que el Gobierno estadounidense «probablemente tenga éxito» en demostrar que la ley se yuxtapone sobre otras normas federales.

Al presentar su demanda, una de las siete contra la SB1070 que estudia la jueza Bolton, el Gobierno de Obama había afirmado que las políticas migratorias son potestad exclusiva del Gobierno federal.

Bolton suspendió la disposición de la ley que requería a la Policía corroborar el estatus migratorio de toda persona sospechosa de estar en el país sin documentos avalados por autoridades estadounidenses. La implementación de la medida implicaría una persecución policial permanente en las calles de Arizona, estado donde viven unos dos millones de latinoamericanos, especialmente mexicanos.

Se estima que en Arizona habitan unas 460.000 personas indocumentadas de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que residen en Estados Unidos.

A su vez, la jueza también trabó las disposiciones de la ley, promulgada el 23 de abril por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que convertían en delito el no portar documentos migratorios y/o que inmigrantes ilegales trabajen o soliciten empleo.

Obama fue informado de la decisión cuando se encontraba a bordo del avión Air Force One de camino a Nueva Jersey. Para su Gobierno, la decisión es «acertada», señaló una vocera del Departamento de Justicia, Hannah August.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Interior afirmó que el Gobierno «velará por el cumplimiento de las leyes federales de inmigración en Arizona y en todo el país de manera sensata y eficaz», dijo el vocero Matt Chandler.

La SB1070, apoyada por la mayoría de los estadounidenses, según diversos sondeos, había desatado numerosas protestas de organizaciones civiles, a la vez que se ha convertido en un eje de la precampaña de las elecciones legislativas federales de noviembre.

«El sistema judicial fue obligado a intervenir e imponer supervisión adulta en respuesta al comportamiento irresponsable y divisivo» de las autoridades de Arizona, indicó en un comunicado el director de la organización Americas Voice, Frank Sherry.

Las protestas continuarán porque «hay otros 21 estados queriendo seguir los pasos de Arizona con estas leyes racistas», advirtió, por su parte, Paulina González, portavoz de la organización «We Are All Arizona» (Todos Somos Arizona).

El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Anthony Romero, afirmó que «éste es un paso adelante que ayudará a proteger a los residentes de Arizona contra la identificación racial y la discriminación».

Finalmente, Pablo Alvarado, de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), señaló que «si la historia sirve de guía, el camino a recorrer en Arizona sigue siendo largo».

En rigor, lo decidido ayer en Arizona es un peldaño en el marco del amplio debate migratorio en EE.UU.

A pesar de que Obama defendió una reforma migratoria que abra un camino para legalizar a los once millones de indocumentados, la Casa Blanca admite que no cuenta con los votos para aprobarla en el Congreso, donde iniciativas similares fracasaron en 2006 y 2007. Legisladores republicanos por Arizona, entre ellos el influyente ex candidato presidencial John McCain, criticaron la decisión contra la ley de Arizona y exigieron al Gobierno reforzar la seguridad fronteriza.

Agencias AFP, EFE y Reuters

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