Odebrecht avala unificación de causas como guiño para pacto

Gesto de constructora en expediente judicial mantiene vivo acuerdo con autoridades, por ahora en suspenso. Los imputados apelan la inhibición de bienes.

GASODUCTO. El juez federal Daniel Rafecas investiga una serie de irregularidades en la construcción de gasoductos en la que Odebrecht actuó con empresas locales entre 2006 y 2008. Tras el aval del fiscal Delgado, estudia la unificación. AYSA. Sebastián Casanello recibió el visto bueno del gigante brasileño para ceder su causa por dos plantas potabilizadoras a Martínez De Giorgi. El fiscal Delgado no se opuso a la sumatoria de casos auspiciada por la Oficina Anticorrupción.

Sorpresivamente, el gigante brasileño Odebrecht hizo un guiño dirigido a la tensa negociación que todavía mantiene subterráneamente con las autoridades argentinas, y consintió la unificación -bajo un mismo juez- de todos los expedientes locales que investigan sobornos a funcionarios, a cambio de beneficios en licitaciones de obra pública. Ante la consulta de rigor de Sebastián Casanello, la firma que reconoció haber destinado u$s35 millones a pagos indebidos, se pronunció por acceder al pedido de Marcelo Martínez De Giorgi para que las investigaciones de su colega Casanello y de Daniel Rafecas queden a su cargo. El fiscal federal Federico Delgado -que interviene en ambos expedientes y quedaría afuera del caso si los jueces aceptan delegar sus causas- también se mostró a favor de la centralización, algo que había sido propuesto originalmente por la Oficina Anticorrupción. De esta forma, y pese a que aún resta que contesten algunos de los implicados, el capítulo local del escándalo apunta a concentrarse en un mismo paquete como una maniobra global de pago de coimas.

Mientras el proceso avanza, las 28 indagatorias dispuestas por Casanello a empresarios locales por la construcción de plantas potabilizadoras licitadas por AySA se mantienen vigentes más allá del reclamo de inhibitoria que lanzó Martínez De Giorgi. La primera cita de la ronda comenzará el 1 de noviembre. Pero ayer, el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner y otros doce imputados apelaron la inhibición general de bienes que les dictó el juez, por lo cual esta decisión será revisada en la Sala I de la Cámara Federal. Formalmente acusados -aunque no por coimas- Casanello concedió las apelaciones de Wagner, presidente de ESUCO SA; el titular de José Cartellone Construcciones Civiles SA, Tito Biagini; el representante legal de Odebrecht SA, Roberto Fabián Rodríguez y Gustavo Dalla Tea, con el mismo cargo en Supercemento SAIC, así como Sergio Chividini, representante de la sucursal local de Camargo Correa SA. Su pronóstico no es alentador: la Sala I ya confirmó las inhibiciones de bienes dictadas al extitular de AySA Carlos Ben y a su segundo, Raúl Biancuzzo, también citados a indagatoria en una ronda que se extenderá hasta el 14 de diciembre.

Casanello debe aguardar que opinen todas las partes antes de definir el traspaso del caso por irregularidades en la construcción de dos plantas potabilizadoras. Pese a que otros casos registran avances, este es el único con indagatorias fijadas. Rafecas también debe analizar el pedido, aunque este juez investiga la ampliación de gasoductos entre 2006 y 2008, lo que la deja en una situación distinta a los acuerdos de delación premiada que Odebrecht firmó en Brasil. Martínez De Giorgi analiza la operación por el soterramiento del tren Sarmiento, donde la empresa participó en una unión Transitoria con IECSA, de Angelo Calcaterra, la italiana Ghella y Comsa. A pedido del fiscal Franco Picardi, en esta causa se dispuso una investigación patrimonial sobre el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez, uno de los sospechados como intermediarios por haber realizado tareas para el gigante brasileño. "Son los mismos nombres, es la misma empresa pagadora y es un mismo modus operandi", sostuvo una fuente judicial sobre la idea estratégica de llevar adelante una "megainvestigación Odebrecht" en la Argentina, bajo el mando de un solo juez.

Odebrecht nunca abandonó las negociaciones con el Gobierno ni tampoco dinamitó puentes con el Ministerio Público Fiscal, solo bajó su perfil. Se precisa de un acuerdo administrativo con el Poder Ejecutivo -por la reparación civil- y uno que permita que sus directivos aporten información (como sucedió en Brasil) a título personal para orientar las investigaciones. Para ejecutarlo, la Justicia argentina no debería imputarlos de ningún delito por los cuales ya hayan sido condenados en Brasil, camino que hasta ahora no apareció como viable.