Odebrecht: primera definición en 2018 si no hay un acuerdo

• SE INVESTIGAN NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES Y DEFRAUDACIÓN (TODAVÍA NO HAY PRUEBAS DE COIMAS)Con negociaciones empantanadas entre empresa, Procuración y Gobierno, indagatorias se estiran hasta fin de año. Arrepentido declara el 13 de septiembre pero también podría reclamar inmunidad.

Empantanado. La negociación entre Odebrecht, Gobierno y Procuración está trabado y sin muestras de avance para el aporte de pruebas.

El capítulo local del caso Odebrecht sigue a la espera de que se destrabe un acuerdo de colaboración para que la empresa, el Gobierno y el Ministerio Público Fiscal alcancen un mismo enfoque sobre el escándalo regional por sobornos, algo que parece estar lejos de ser conseguido. Sin las pruebas que puedan ser aportadas por los ejecutivos de la firma señalada por pagos en torno a los u$s 35 millones, la justicia empezará a gatillar llamados a indagatoria, como el que efectivizó Sebastián Casanello sobre 28 personas, entre ellos el expresidente de AySA, Carlos Ben, su segundo, Raúl Biancuzzo y los empresarios Aldo Benito Roggio y el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner. Sin embargo, la definición sobre la primera ronda de indagados y su eventual responsabilidad ante el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación a la administración pública (no por coimas) será recién en 2018. En tanto, el 13 de septiembre, uno de los confesos "valijeros" que realizaron operaciones de intermediación será escuchado vía videoconferencia por el fiscal Federico Delgado y por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.

Casanello accedió al pedido de Delgado en el marco de la causa en la que se investiga si se pagaron coimas por las obras en dos plantas potabilizadoras de la firma AySA en Berazategui y Paraná de las Palmas en Tigre. Pero el expediente se apoya en dos claves: supuestos sobreprecios en la obra (a partir de adendas que modificaron los presupuestos licitados y argumentada por los exfuncionarios en base a la inflación); y por una presunta estructura patrimonial injustificada de los exdirectivos de la empresa estatal, cuyos alcances están bajo investigación de la PIA, y preventivamente inhibidos. Las indagatorias están pedidas también a los titulares de las UTES "Esuco/Camargo" y "Odebrecht/Roggio/Supercemento/Cartellone", aunque de la primera ronda quedó afuera Roberto Feletti, a quien el fiscal había pedido escuchar por su rol en Nación Fideicomisos. Quien tampoco forma parte de la primera tanda pero sobre él pesa una inhibición de bienes por su presunta participación como intermediario con el exministerio de Planificación Federal es el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez, quien reconoció que trabajó como asesor de Odebrecht pero que no formó parte del entramado de pagos ilegales a cambio de otorgamiento de obra pública. Casi diariamente, el juez escuchará a uno de los citados desde el 1 de noviembre, cuando deba comparecer Eduardo Blomberg, gerente de Supercemento. Además de directivos de constructoras, el siguiente plato fuerte será recién a mediados de ese mes, cuando están citados Sergio Chividini y José Juraszek Junior, ambos gerentes de Camargo Correa. Roggio recién tiene turno para el 1 de diciembre y Wagner tres días más tarde. Los exfuncionarios que debían controlar las obras y quienes eran la cúpula de AySA cerrarán la convocatoria con Binacuzzo para el 13 y Ben para el 14 de diciembre. Si no hay citas reagendadas y finalizan la ronda a tiempo, Casanello tendrá 10 días hábiles para establecer las situaciones de quienes podrían ser inicialmente los primeros procesados vinculados a la causa Odebrecht. Pero las fechas lo dejan al filo de la feria judicial de enero, lo que podría trasladar las definiciones a febrero de 2018 como mínimo.

Por lo pronto, también se enfriaron las negociaciones para que Odebrecht ponga a disposición a sus directivos para que expliquen los alcances de los sobornos en el país. La justicia local por ahora tantea las principales obras, busca elementos irregulares en las licitaciones y analiza los patrimonios de los funcionarios involucrados como primera aproximación. La Caja de Pandora podría abrirse en caso de que hubiera un primer empresario que viendo que su situación pudiera complicarse, abriera el grifo informativo sobre quienes podrían quedar salpicados por el escándalo. A nivel judicial no pierden de vista que ser mencionados en la trama es una mácula pero no alcanza si no hay documentación probatoria que ligue al señalado con la trama de coimas.

Rafaél Angulo López, sindicado por su nexo con el Lava Jato y por su eventual conocimiento con el capítulo local del escándalo declarará vía teleconferencia el 13 de este mes. Lo que primero deberá confirmar (si se allana a declarar sin un acuerdo de inmunidad mediante, algo poco probable) es si estuvo en el país en 2008, y si ese ingreso tuvo relación con el traslado de fondos. Y si es que suelta algún otro nombre de la escena local. Casanello está por decidirse para acordar las declaraciones de Ángela Palmeira (una de las secretarias de la compañía en el área de Operaciones Estructuradas), Olivio Rodríguez (señalado por la firma offshore Kliendield Services Ltd.), Ricardo Vieira, Luiz Antonio Mameri (líder de las iniciativas de inversión de la compañía en América Latina y Angola), Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho (exdirectivo de Odebrecht) Luis Eduardo Soares (Enlace con Antigua Overseas Bank). y Marcio Faria da Silva (Exejecutivo de la firma).