La Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno dio ayer una cifra oficial de las personas "la cantidad de personas que se encuentren en situación de desaparición forzada o que, habiéndose encontrado en esa situación hayan sido luego halladas sin vida".
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El dato lo difundió la Secretaría, explicando que el 16 de agosto pasado, la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, les solicitó conocer ese número, seguramente a partir de la polémica que se generó en torno a la información. La Secretaría aclaró que el período sobre el cual se requirió la información es entre el 12 de octubre de 1973 y el 9 de diciembre de 1983.
En el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado (RUVTE) , se registran en total 8571 víctimas "debidamente formalizadas según el marco de referencia" , de las cuales 7.010 se consideran víctimas de desaparición forzada y 1.561 se consideran víctimas de asesinato.
El organismo nacional explicó que el RUVTE fue creado en 2013 en el ámbito del Área de Investigación de la Secretaría de Derechos Humanos, y luego formalizado como programa ministerial en 2014 por Resolución N° 1261 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que su objetivo es "la construcción de una matriz de datos de alcance nacional, en permanente estado de actualización, sobre las víctimas del accionar represivo ilegal del Estado Argentino y, en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 26.691, de los Centros Clandestinos de detención y otros lugares de reclusión utilizados por la fuerza represiva estatal".
Definitivo
Finalmente, en el comunicado a través del cual se difundieron los datos, la Secretaría señaló que "se debe destacar que bajo ningún concepto debe considerarse este Registro como definitivo en la medida que permanentemente se siguen recibiendo nuevas denuncias y declaraciones testimoniales. En razón de lo expuesto, el número de personas desaparecidas continúa siendo a la fecha indeterminado y toda cifra que pueda informarse resulta parcial y provisoria".
En otro sentido, el organismo explicó que dio curso al pedido en virtud de la ley que ampara el derecho de cualquier ciudadano o asociación al acceso a la información pública.
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