Oposición cedió en el Senado cambios a DNU, Magistratura y superpoderes

Cerró ayer el Congreso con un saldo equilibrado entre oficialismo y oposición, aunque el Gobierno se llevó más de lo que pensaba hace un año, cuando debió asumir que había perdido la mayoría en Diputados. Los bloques opositores en Diputados no lograron abrir el debate en comisión del Presupuesto 2011, pero sí imponer la reforma al INDEC, aunque la votación introdujo cambios que ahora deberá revisar el Senado. Con la mayoría oficialista que se vio anoche en esa cámara, la fecha de la votación es más que incierta. Pero no tuvieron la misma suerte con la reforma al Consejo de la Magistratura y al régimen de los DNU y la eliminación de los superpoderes. Sin mayor explicación, los opositores forzaron el debate de esos proyectos en el Senado sabiendo que perderían la votación frente al kirchnerismo. Y lo hicieron cuando horas antes el propio oficialismo pedía terminar el año con una sesión sin temas conflictivos. Ahora, esos proyectos que fueron centrales en la oferta de la campaña opositora de 2009 para limitar los excesos del Gobierno deberán comenzar un nuevo trámite en 2011. Es el saldo final de un año legislativo donde el kirchnerismo no logró imponer su agenda y se vio obligado a vetar el 82% móvil a jubilados, pero en el que la oposición terminó dividida.

Gerardo Morales y Ernesto Sanz, del radicalismo; Nicolás Fernández y Miguel Pichetto, del FPV, en distintos momentos de la sesión del Senado.

El radicalismo actuó ayer en el Congreso como si realmente pensara en ganar las elecciones presidenciales de 2011: perdió ante el kirchnerismo la votación de la reforma al Consejo de la Magistratura, quizás razonando que la conformación actual con los nuevos miembros ingresados por magistrados y profesionales le convenía en número, en la eliminación de los superpoderes (proyecto que volvió a comisión) y la estratégica, hasta ahora, reforma al régimen de decretos de necesidad y urgencia que limita los poderes presidenciales, también en este caso pensando que en un futuro Gobierno podrían serle útiles.

Sólo eso explica que, a pesar de saber que perderían las votaciones, los radicales y el peronismo federal insistieran ayer en debatir esos proyectos, cuando el propio Miguel Pichetto en la reunión de Labor Parlamentaria pedía armar una sesión sin temas conflictivos.

Pero además, debió saber la oposición en medio de los «errores» de estrategia que cometió ayer, que algunos senadores habían cambiado de postura, como el pampeano Carlos Verna, que en todos los casos votó con el oficialismo. Quizás, se razonaba ayer en el Senado, el radical Gerardo Morales o el puntano Adolfo Rodríguez Saá pensaron que el kirchnerismo no bajaría a sesionar ante la exigencia de debatir superpoderes, DNU y Consejo de la Magistratura. Si fue así, asumieron un riesgo que luego tuvo consecuencias demoledoras.

El panorama de ayer del Senado descolocó hasta a los más entrenados. En general, cuando una fuerza sabe que no podrá imponerse en el recinto, elige caminos alternativos, como no debatir el proyecto, pedir su vuelta a comisión o postergar el debate para último momento cuando la cámara puede quedarse sin quórum. Ninguna de esas vías fue explorada por el radicalismo y el peronismo federal. Por el contrario, en la reunión de Labor Parlamentaria el kirchnerismo había fijado posición: no debatiría los proyectos conflictivos, como la derogación de superpoderes, el Consejo de la Magistratura o los cambios en el régimen de DNU.

Dudas

En esa reunión la oposición impuso su criterio y de hecho hacia las 14 el oficialismo no sabía aún si bajaría al recinto. El kirchnerismo sólo pedía debatir la ratificación de acuerdos a militares, la prórroga del impuesto adicional de emergencia sobre cigarrillos, temas que anoche estaban pendientes de debate en la sesión que se prolongaba hasta la madrugada y la autorización a Cristina de Kirchner para ausentarse del país, que sí fue aprobada.

Pichetto dudaba en ese momento y luego el oficialismo bajó. El primer problema que tuvo que enfrentar la oposición fue no tener el dictamen del proyecto de reforma a la Ley de Administración Financiera que deroga los superpoderes del artículo 37 que Néstor Kirchner hizo sancionar de forma permanente en 2006. Eso obligaba a los bloques opositores a reunir los dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento, un número que era imposible ayer que pudieran reunir.

Ese proyecto establece además que el presidente de la Nación no podrá, mediante un decreto de necesidad y urgencia, incrementar el gasto total incorporando los excedentes de recaudación. Es decir, le ataba la manos a Cristina de Kirchner para seguir manejando la contabilidad pública como lo hizo hasta ahora. La coincidencia era, además, increíble: también ayer se conoció un DNU de la Presidente con ese mismo fin por más de $ 50.000 millones, la mayor reasignación de fondos por esa vía en la historia del país.

La sesión de ayer comenzó y la reforma de los superpoderes ni siquiera llegó a debatirse. Pichetto pidió en medio de la sesión: «A los fines de habilitar dicho tema, se requieren dos tercios de los votos del recinto». Morales reconoció que un pedido de preferencia para debatirlo había caducado y le pidió al oficialismo que reconociera un compromiso previo para discutir el proyecto, casi una inocencia teniendo en cuenta las costumbres del kirchnerismo en el Congreso. Se votó, la oposición perdió, y el proyecto, entonces, pasó al freezer.

Ensayo

Pero, además, esa votación en la que el Gobierno logró 38 votos, sirvió como ensayo para lo que vendría: los pampeanos Verna y María Higonet y la rionegrina María José Bongiorno, que usualmente han votado con la oposición, se alinearon con el kirchnerismo. No era una noche para que la oposición continuara con temas conflictivos.

Como si esa trompada inicial no alcanzara, luego llegó el turno de la reforma al Consejo de la Magistratura. El proyecto, que eleva de 13 a 18 los miembros y le da el sitial de la presidencia al jefe de la Corte Suprema, perdió en el recinto por 38 votos a 31, muy lejos de la mayoría especial requerida para aprobarlo.

Pocos minutos después vino el rechazo del recinto a la reforma al régimen de los DNU, que establecía un plazo de 60 días para que cada uno de esos decretos fuera aprobado por el Congreso, o de lo contrario perdería vigencia, y el requisito de que éstos fueran aprobados por las dos cámaras. La oposición tampoco logró la mayoría necesaria y el proyecto quedó en la nada.

En los casos de las reformas al Consejo de la Magistratura y al régimen de DNU, la situación es especialmente complicada para la oposición: formaron parte de la plataforma de campaña de todos los partidos de la oposición en 2009 y ahora todo el proceso deberá volver a cero. Es decir, los proyectos deberán volver a presentarse y debatirse nuevamente en las dos cámaras en otro período parlamentario.