Oposición judicializa recorte de Zapatero a los jubilados

Madrid - El Partido Popular español ha convertido en una obsesión la exigencia al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de que dé marcha atrás con el congelamiento de las jubilaciones y pensiones el año próximo, como dispuso en mayo por decreto el Presidente socialista. Luego de varios intentos frustrados de revertir esta medida en el Parlamento, el partido liderado por Mariano Rajoy decidió subir la apuesta y presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional para que arbitre sobre este tema.

Ahora será el máximo órgano de Justicia español el que definirá si intercede en la arena política de manera directa, haciendo lugar a la demanda y pronunciándose sobre ella. Más allá del reclamo en sí, esta nueva estrategia de los populares (conservadores) es un fuerte indicio de las dificultades que atraviesa la política española y la incapacidad del Gobierno y la oposición de establecer acuerdos básicos para salir de la crisis económica que sacude al país.

La «judicialización de la política» es una táctica sobre la que la Argentina podría dar cátedra a los españoles. Conflictos como la suspensión del uso de las reservas del Banco Central para pagar vencimientos de la deuda pública en 2010 y el recurso de amparo que mantiene inmovilizada parte de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual son sólo dos ejemplos de hasta qué punto se puede complicar el escenario político, cuando Gobierno y oposición no logran establecer reglas de juego básicas. En este caso, la presentación judicial se centra en el veto impulsado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en septiembre a la proposición de ley del PP que pedía dejar sin efecto el congelamiento de las jubilaciones en 2011. Esta medida formó parte de la batería de ajustes y modificaciones que el Gobierno dispuso en mayo, en un nuevo intento de rescatar la economía. Todo el arco político se opuso en su momento a esta disposición, que toca uno de los sectores más sensibles de la sociedad española.

Pero la demanda del PP va más allá, al acusar al Presidente del Gobierno de hacer un supuesto «ejercicio abusivo, y por ello inconstitucional» de su competencia para bloquear iniciativas parlamentarias, según lo establecido en la Constitución española. El planteo sirvió en este sentido para que los opositores remarcasen un supuesto «abuso» del veto por parte de Rodríguez Zapatero, durante cuya gestión ya se aplicó en ochenta ocasiones, según el conteo de los populares. La demanda subraya que el Gobierno de Felipe González sólo acudió al veto en cuatro oportunidades, mientras que José María Aznar no lo utilizó nunca durante su paso por el poder. Por su parte, el Gobierno socialista fundamentó su veto con el argumento de que la derogación del congelamiento de las pensiones supondría «una pérdida de credibilidad importante para el conjunto del país». Y agregó que «la sensibilidad del mercado ante cualquier duda sobre la voluntad de ajuste es muy elevada».

Rajoy, casi confirmado candidato opositor para las elecciones de 2012, no fue ingenuo al elegir su frente de batalla. Qué mejor que atacar una de las medidas que más mal humor social ha generado ante una coyuntura en la que el respaldo a las medidas oficiales de austeridad se reduce a los mercados financieros y los organismos de crédito internacionales.

Mientras, la estrategia electoral del PP ha sido esperar y ver cómo caen los números del Partido Socialista; defender las pensiones parece ser el estandarte más popular para seducir votantes.

Dependerá de la Justicia si el conflicto arrecia, se suspende momentáneamente o se resuelve a favor de los socialistas. Los famosos «tiempos de la Justicia» ayudan en este punto a Rodríguez Zapatero: hasta el momento, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado en otros temas polémicos como la demanda por supuesta inconstitucionalidad de la Ley de Matrimonio Homosexual, aprobada en 2005. Frente a este panorama, lo más probable es que la definición de la nueva demanda del PP lleve años, si es que la Justicia hace lugar al planteo.