Otra denuncia penal complica a Alonso

Segunda. La Cámara Federal ordenó a fines de 2016 que se investigue si Laura Alonso “elige” que la OA deje de actuar en algunas causas judiciales.

Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción recibió ayer una nueva denuncia penal por supuesto direccionamiento de las investigaciones que entabla su dependencia. Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) -además de uno de los nexos de Jorge Bergoglio en Argentina- apuntó los cañones hacia Alonso, que acababa de recibir una advertencia nada menos que desde la Sala II de la Cámara Federal porteña. En la presentación, que alteró el ritmo de la feria y recayó en el juzgado federal N° 5, hoy vacante tras la partida de Norberto Oyarbide pero subrogado Marcelo Martínez de Giorgi, se acusó a Alonso de posible "incumplimiento de los deberes de funcionario" y "abuso de autoridad".

"Alonso actúa con parcialidad manifiesta. Es una funcionaria militante que no está luchando contra la corrupción sino persiguiendo adversarios políticos", se detalló en la denuncia. En síntesis, se planteó que la OA dirige acusaciones, apuntala causas y siembra de escritos los casos en los que están o pueden estar involucrados funcionarios kirchneristas o de la oposición, y evita intervenir en los expedientes abiertos contra funcionarios de Cambiemos. "El direccionamiento de las investigaciones de la Oficina Anticorrupción y la selectividad ideológica en las denuncias son delitos en sí mismos", afirmó Grabois, en relación a la presentación que hizo la OA contra el dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico por la falta de presentación de su última Declaración Jurada cuando fue funcionario. "Si el criterio para la promoción de denuncias es la no presentación de las DD.JJ., Alonso debería haber iniciado acciones contra los 22.396 funcionarios que incurrieron en la misma omisión. No lo hizo", señaló el denunciante. En el propio registro que tiene la OA figuran quienes estaban obligados a presentar la documentación y quienes aún, pese al tiempo transcurrido, están en mora.

La denuncia llegó luego de que los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah ordenaran al juez Sebastián Casanello investigar si había existido un direccionamiento por parte de Alonso de las investigaciones que encabeza la OA. Eso había sido pedido por el extitular de AFIP Ricardo Echegaray, a quien no le dieron la razón, pero sorpresivamente los jueces emitieron ese pronunciamiento, lo que encendió las alertas en la Casa Rosada.

"El eje, aquí, no se pone en cuáles son los casos en que sí se involucró el organismo -como querellante, entre otros supuestos- sino en aquellos en que dejó o deja de hacerlo", advirtió el tribunal. Para la Cámara "no ha recibido respuesta la pretensión (de Echegaray) de que se inicie una pesquisa para determinar si pudo haber existido un actuar arbitrario configurativo de abuso de poder".

La Cámara dijo que Casanello "deberá definir si, en relación con la hipótesis así planteada, concurre o no en cabeza de Echegaray un perjuicio directo que lo habilite a constituirse en querellante".