Otro desafuero judicial para De Vido y detienen a su ex mano derecha

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Los Dromi y otros 21 acusados, procesados por supuesto perjuicio a las arcas del Estado por la importación de GNL. Roberto Baratta quedó preso ayer.

La detención del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, estrenó la nueva jurisprudencia que fijó la Cámara Federal para exfuncionarios. Pese a que el procesamiento con prisión preventiva dictado por el juez federal Claudio Bonadio fue dirigido para Julio De Vido, en la práctica, sólo logró acumular un nuevo pedido de desafuero y captura para el actual diputado del Frente para la Victoria, que se suma al del juez Luis Rodríguez forzado por la propia Cámara y que se tratará en el recinto la semana próxima. Sin embargo, para la ex mano derecha del titular de Planificación significó quedar preso inmediatamente en una dependencia de la Policía de la Ciudad. Hoy será trasladado a los tribunales de Comodoro Py para ser notificado de su encarcelamiento por irregularidades en la compra de Gas Natural Licuado (GNL). Luego será derivado a una unidad penitenciaria federal, mientras su defensa apelará la decisión, que involucró -sin prisión- a la familia Dromi, que fungió como asesora durante la gestión K, y a otras 21 personas.

En total, fueron 25 los procesados por Bonadio, aunque sólo De Vido y Baratta con prisión efectiva, y todos con embargos por $1.000 millones. El juez también procesó sin prisión preventiva al exsecretario de Energía Daniel Cameron y al ministro de Obras Públicas durante el menemismo, Roberto Dromi, quien intervino en las operaciones como asesor, junto con su hijo. En este nuevo expediente, De Vido y su ex mano derecha están acusados de haber participado en una "maniobra defraudatoria llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado realizada durante los años 2008 a 2015 por el Ministerio de Planificación Federal".

A través de esa maniobra, por la que arribaron al puerto de Bahía Blanca un total 232 barcos con GNL y al de Escobar 265, "se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado" de aproximadamente u$s6.995 millones, "pues el precio por el que se abonó fue superior a los valores de mercado", indicó Bonadio. Para las defensas, la pericia que permitió arribar a esa cifra tiene falencias técnicas y tampoco abarca a quien dirigió la operación, el e CEO de YPF Miguel Galuccio.

Apenas se conoció la decisión a tres días de las elecciones legislativas, la defensa de Baratta se comunicó con el juzgado y pactaron su entrega en una comisaría cercana al estudio de su abogado. Sin embargo, cuando el exfuncionario arribó a su departamento en Belgrano para despedirse de su familia, fue capturado por efectivos de la Policía de la Ciudad que lo trasladaron a la seccional 12ª de la Policía local. Hoy será notificado en el juzgado para que luego su destino sea probablemente el penal de Ezeiza.

"Las pruebas reunidas dan cuenta que De Vido y Baratta idearon y conformaron semejante estructura para importar GNL utilizando a ENARSA en una primera etapa para gestionar, adjudicar y pagar los cargamentos de GNL y luego tercerizando el proceso en otra empresa, YPF, y a su vez conformada en parte por personal inidóneo que intervino en este proceso más por sus vínculos con autoridades del Gobierno de turno que por sus conocimientos en la materia", señaló Bonadio en su fallo. Y argumentó que "las características particulares de los hechos que se le enrostran y el actual estado de la investigación configuran una desfavorable impresión sobre las condiciones personales de De Vido y Baratta y permiten concluir que en caso de concedérsele la libertad, no habrán de someterse a la actuación de la Justicia" e "intentarán eludir el accionar de ésta; como también la entorpecerán". Sólo para este caso, Bonadio aplicó el precedente fijado por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quienes afirmaron un nuevo criterio para disponer la prisión de quienes por su posición de poder podrían dificultar la investigación.

"De Vido y Baratta se presentan como las personas que diagramaron y mantuvieron en el tiempo la maniobra mediante la cual se perjudicó a las arcas del Estado con la intervención de otros funcionarios que dependían de ellos como de empresas privadas que deben ser investigadas en profundidad", remarcó el juez. A comienzos de mes, De Vido había argumentado que las compras "no sólo contaron con los mecanismos propios de control de la propia Administración Nacional -Unidad Interna del Directorio de ENARSA, la SIGEN, la AGN e incluso, Price Waterhouse- sino con la participación de la Universidad de Buenos Aires". Ahora sobrevendrá una apelación, aunque el caso agrega intriga para la eventual permanencia de De Vido en el bloque, más allá de la próxima semana.

Gabriel Morini

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