Otro round de la pelea entre el Gobierno y la procuradora

tensión. Las dos inspecciones ordenadas por el Ministerio de Trabajo llevaron a Gils Carbó y a Triaca al borde de una disputa judicial entre ambos.

El Gobierno y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, protagonizaron otro enfrentamiento, en este caso a través del Ministerio de Trabajo. Dos inspecciones de esa cartera en instalaciones del Ministerio Público Fiscal (MPF), a instancias de un expediente sindical, tensaron la relación al borde de un conflicto entre poderes. El episodio puso al descubierto, además, la disputa no resuelta entre el gremio tradicional del sector, la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN), a cargo de Julio Piumato, con otros dos de menor rango legal pero con presencia en varios sectores judiciales.

La pelea tuvo su pico de tensión entre fines de octubre y principios de noviembre, cuando se produjeron sendas inspecciones de la Dirección de Asociaciones Sindicales del Ministerio que encabeza Jorge Triaca. En ambos procedimientos los funcionarios buscaron datos relacionados con el personal bajo relación de dependencia en el ámbito de la Procuración General en respuesta a un pedido de la UEJN con el alegado propósito de llevar a cabo elecciones de delegados gremiales.

En medio de los trámites los funcionarios que dependen de Gils Carbó protestaron por entender que los pedidos de información relacionada con los padrones de empleados violentaban la autonomía de la Procuración, por un lado, pero sobre todo la confidencialidad de los datos del personal del área. La funcionaria, incluso, llegó a amenazar con presentar una denuncia penal contra Trabajo.

Las acciones administrativas estuvieron a cargo de Horacio Pitrau, director de Asociaciones Sindicales. El directivo le aseguró a este diario que "no hubo ánimo persecutorio" en las inspecciones y los pedidos de información sino "una actividad de rutina para facilitar las elecciones de delegados a pedido de un sindicato". "No pedimos datos personales sino los relativos a turnos, lugares de trabajo y lista de empleados, algo que está previsto en la Ley 23.551, de Asociaciones Sindicales, que regula los mecanismos para llevar adelante comicios en los gremios", apuntó el funcionario.

La primera inspección se concretó el 26 de octubre, cuando el MPF entregó un listado de trabajadores "incompleto", según Pitrau, y recién a partir de un segundo procedimiento el área dio a conocer buena parte de los datos requeridos por el sindicato. Además de la UEJN en el ámbito judicial hay otras dos entidades gremiales: el Sitraju y la Asociación de Empleados de la Justicia nacional, que cuentan con la denominada "simple inscripción", un reconocimiento previo al definitivo, la personería, que en el sector ostenta la entidad que preside Piumato.

Cerca de Gils Carbó alegaron que el procedimiento administrativo tenía indicios de una avanzada política contra la procuradora, en línea con la postura del Gobierno nacional de desplazarla de su cargo. Aseguraron, además, que tras la presentación de los informes requeridos no volverán a facilitar datos a Trabajo sin la orden de un juez laboral.