Oyarbide alarga el calabozo de Zanola en causa de remedios

Juan José Zanola

El sindicalista Juan José Zanola, en prisión desde hace dos años, seguirá en esa situación a la espera de ser juzgado en la causa por la denominada «Mafia de los medicamentos» ante la presunción de que pudiera fugarse o entorpecer la investigación. Así lo dispuso ayer el juez federal Norberto Oyarbide al ampliar las razones para extender la prisión preventiva del dirigente y de otros tres acusados.

Ayer se cumplieron dos años del encarcelamiento de Zanola, su mujer, Paula Aballay, y Susana Fiona, estas dos últimas exdirectivas del Policlínico Bancario del gremio. También pasó el mismo tiempo en prisión Néstor Lorenzo, exdueño de la droguería San Javier y principal proveedor de drogas para la Asociación Bancaria. La legislación argentina prevé un máximo de dos años para mantener a un sospechoso en prisión preventiva, pero contempla la posibilidad de extender ese plazo por doce meses más en caso de existir argumentos firmes por parte del juez a cargo de la causa.

Oyarbide ayer cumplió ese trámite. Y debió hacerlo, además, luego de que la Cámara Federal le ordenara sustentar los motivos para mantener la medida. Los camaristas dijeron en una resolución que la decisión del juez de sostener las preventivas de los sospechosos era contradictoria con la de elevar a juicio oral el grueso de las actuaciones.

Entre los argumentos expuestos por el magistrado figuran la posibilidad de una fuga de Zanola, y de que el dirigente, así como Aballay, Fiona y Lorenzo, estuvieran en condiciones de poner trabas a las pesquisas una vez en libertad. También menciona amenazas sufridas por las personas que testificaron en contra de los acusados. La Sala II había objetado la extensión en el tiempo de las prisiones preventivas. Incluso se había pronunciado en similar sentido el fiscal del expediente, Luis Comparatore, para quien era viable concederle a Zanola el beneficio del arresto domiciliario dada su avanzada edad y sus problemas de salud. Como había adelantado este diario, Oyarbide prevé enviar a juicio oral la mayor parte de los expedientes ligados a la «Mafia de los medicamentos», una investigación que gira en torno de la comercialización de medicamentos vencidos, adulterados o robados, y el presunto cobro de subsidios estatales por tratamientos médicos no brindados por la Obra Social Bancaria.