Oyarbide dilata pesquisa por una recusación

Norberto Oyarbide

El juez federal Norberto Oyarbide resolverá hoy una recusación presentada en su contra por el abogado defensor del supuesto espía Ciro Gerardo James, por presunto prejuzgamiento en el marco de la causa en la que se investigan las intervenciones irregulares de los teléfonos del empresario Carlos Ávila y de Sergio Burstein, integrante de la Asociación de Familiares de las Víctimas del atentado a la AMIA.

El magistrado, que el lunes por la noche procesó con prisión preventiva al ex policía y ex empleado porteño por los presuntos delitos de falsedad ideológica reiterada y de violación de secretos y usurpación de títulos, se pronunciará sobre la presentación del abogado de James, Luis Hernández, quien objetó la actuación del magistrado porque habría adelantado su resolución sobre el imputado.

También se programaba en el juzgado resolver hoy la situación procesal del tercer policía de Misiones arrestado en la pesquisa, el comisario mayor, Rubén Quintana. Más allá de estas resoluciones, el juez no avanzaría con más medidas por el momento, hasta que se definan bien las líneas a indagar en la causa. Su equipo de investigación se reunirá hoy para empezar a trabajar en ellas.

Entre las diversas facetas que surgieron hasta ahora en la pesquisa se encuentran: la relación de James con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (los más de 290 llamados con funcionarios de la Policía Metropolitana que se constataron en el cruce de llamados, tanto como los contratos que James tuvo con el Ministerio de Educación porteño) y la actuación de los magistrados de Misiones que ordenaron las pinchaduras a Burstein y Ávila en causas que no tenían ninguna relación con ellos. En el juzgado también analizarán cómo avanzar en relación al grado de participación de los policías de esa provincia, Raúl Rojas y Diego Guarda, que trabajaban con el imputado en las escuchas y que también fueron procesados sin prisión preventiva, y el vínculo de James con el ex jefe de la Policía porteña, Jorge Palacios, supuesto involucrado en la denuncia que inició la investigación.

El escándalo de las escuchas que devino en un fuerte cruce entre el Gobierno porteño y el Gobierno nacional, comenzó en setiembre pasado, cuando la hija de Burstein denunció haber recibido un llamado anónimo en el que se le advertía que su padre era espiado por Palacios. Al ratificar la SIDE las pinchaduras ordenadas por el juzgado de Instrucción N°1 de Misiones, el juez arrestó a James, quien buscaba la grabaciones de la Secretaría de Inteligencia y las llevaba a esa provincia (cuando ya había pedido la baja en la Policía Federal y una licencia hasta que se efectivizara). El ex policía también fue el encargado de trasladar todas las grabaciones del celular de Ávila, intervenido desde octubre de 2007 por los juzgados 1 y 2 de Misiones, y habría sido quien aportara los datos de los teléfonos, según declararon los agentes federales de esa provincia que trabajaban con él. A partir del arresto de James se descubrieron las contrataciones con el Gobierno porteño y la relación con Palacios, que ambos reconocieron.

Por otro lado, Oyarbide señaló ayer que, por el momento, no estaba previsto citar a declarar a funcionarios porteños, si bien enfatizó que «si corresponde» estaría dispuesto a interrogarlos. Agregó que entre las víctimas que surgen de la pesquisa, además de Burstein y Avila, está la SIDE porque «el Estado ha pagado para que se hicieran las escuchas que no tienen fundamento».

El magistrado también se refirió a la denuncia que presentó ayer el Gobierno porteño contra el Gobierno nacional (ver nota aparte) por presunto boicot para frenar el lanzamiento de la Policía Metropolitana y aseguró que esa presentación «no entorpecerá» su pesquisa.