Países reafirman políticas públicas contra el hambre

Juan Carlos García Cebolla

Con un amplio acuerdo sobre la necesidad de legislar y establecer políticas públicas dirigidas a promover y asegurar la seguridad alimentaria y nutricional, finalizó la V Reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre. Se realizó entre el 5 y 6 de mayo en Lima, Perú, promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Gobierno anfitrión.

La cita reunió a representantes de 16 países de América Latina y el Caribe, y a exponentes de diversas organizaciones regionales e internacionales.

Según el coordinador del proyecto FAO de apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre, Juan Carlos García Cebolla, los países «han ido reafirmando la importancia de las políticas de desarrollo social, tanto porque permiten asegurar el acceso a los alimentos como por su influencia en la creación de capacidades básicas».

García Cebolla también destacó que la agricultura familiar ha cobrado mayor importancia en los últimos años, y que muchos países se encuentran «construyendo o reforzando los instrumentos de apoyo a este sector».

«Otra tendencia regional es la creciente participación de la sociedad civil en el desarrollo de las políticas e institucionalidad en los países, y la importancia de fortalecer el mercado de trabajo agrícola y rural para garantizar la seguridad alimentaria», sostuvo.

Para el funcionario, la acción pública es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria en América Latina y en el Caribe, «principalmente en el contexto de volatilidad de precios de los alimentos que enfrentamos hoy».

Durante la clausura del evento, la presidenta del Consejo de Ministros del Gobierno peruano, Rosario Fernández, anunció la conformación de una Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional para elaborar un proyecto de ley y plan de seguridad alimentaria y nutricional para el país.

La Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre fue lanzada en 2005 por Brasil y Guatemala, y respaldada por el conjunto de los países de la región.

Sus objetivos son erradicar el hambre y la desnutrición infantil, reforzar las capacidades nacionales para llevar adelante políticas públicas y programas de seguridad alimentaria, y garantizar el derecho a la alimentación de sus ciudadanos.

El grupo de trabajo es el mecanismo que los países establecieron para hacer seguimiento de la Iniciativa.

Anteriormente, las reuniones del grupo se celebraron en Guatemala (2006), Colombia (2007), la Argentina (2008) y Ecuador (2010).