Peligra en el Congreso la aprobación del blanqueo y el jubileo fiscal

La alarma en los bloques kirchneristas de Diputados y el Senado comenzó a sonar el viernes último. No bien los propios diputados oficialistas se enteraron del contenido de los proyectos de moratoria impositiva y previsional y el blanqueo para facilitar la repatriación de fondos, comenzaron los cuestionamientos. El kirchnerismo ya daba ayer por sentado que deberá introducir modificaciones al texto, no ya para intentar convencer a aliados circunstanciales y a algún opositor, sino a su propia tropa. Los problemas son conocidos: se cuestiona que no haya ningún beneficio impositivo para quienes cumplieron y ahora quedan en igual situación que los morosos. La duda más peligrosa pasa porque la suspensión de las acciones penales contra evasores pueda beneficiar a los procesados en los mayores escándalos de los últimos tiempos, algunos amigos del poder. Tampoco convence que se vaya a un blanqueo de capitales en el que no hay diferencia entre quien depositó fondos en el exterior por falta de confianza en el país y quien lo hizo como producto de un ilícito. Con esa batería de cuestionamientos comenzarán mañana las discusiones. La situación se agrava porque esta vez el kirchnerismo dependerá de sí mismo en el recinto para aprobar el paquete. A diferencia de lo ocurrido en las votaciones de otros proyectos, como la estatización de las AFJP, el oficialismo no contará con los votos que representan bloques aliados, como la izquierda kirchnerista no PJ de Ariel Basteiro y Victoria Donda. También anticiparon su rechazo los ex aristas de Solidaridad e Igualdad de Eduardo Macaluse, y el monobloque de Claudio Lozano.

Agustín Rossi

El gobierno tuvo que soportar en los últimos tiempos que el Congreso le modificara sus proyectos, una práctica que no había sido habitual durante todo el mandato de Néstor Kirchner. Esa muestra de debilidad, según interpreta cierto sector del propio oficialismo, estuvo destinada en algunos casos a introducir cambios con la propia venia de la Casa Rosada y, en otros, para salvar al kirchnerismo de un desastre en el recinto. La Resolución 125 en eso dejó su huella, aunque no fue el primer caso de reformas a una ley presionadas por los diputados en contra de la voluntad del gobierno. Esta vez, el megaproyecto que establece un jubileo impositivo y previsional, y el blanqueo de capitales para intentar repatriar parte de lo que muchos argentinos tienen en cuentas en el exterior, correrá el mismo camino.

Durante el fin de semana, al oficialismo le quedó claro que sería muy riesgoso llevar el paquete al recinto sin introducir modificaciones. Ningún kirchnerista esperó que la oposición apoyara esa iniciativa destinada a paliar los efectos de la crisis financiera sobre las empresas locales e intentar frenar la ola de suspensiones y despidos que hoy atiende Carlos Tomada en el Ministerio de Trabajo en su rol de bombero del mercado laboral. De hecho, Elisa Carrió amplió su denuncia contra Néstor Kirchner por asociación ilícita por esa ley, y el radicalismo hasta emitió un comunicado conjunto con el socialismo rechazando las medidas anunciadas por Cristina de Kirchner. Ese mensaje incluyó un párrafo crítico sobre los $ 71.000 millones en obras públicas que también anunció la Presidente.

Paridad

Tampoco se imaginó el kirchnerismo que todo el arco de aliados circunstanciales de la izquierda que apoyó las últimas leyes del gobierno le comunicara que esta vez no sería de la partida. Así, los votos para la aprobación del paquete anticrisis de Cristina de Kirchner quedó en una peligrosa paridad.

A esas resistencias comenzaron a sumarse las internas del propio bloque kirchnerista sobre aspectos de la ley que, más que duda, les producen temor. De ahí quedará claro que el proyecto debería ser modificado y a esa titánica tarea se enfrascará desde hoy el santafesino Agustín Rossi. Su peor trabajo no será acordar los cambios con sus propios diputados, sino llevar esas exigencias a la Casa Rosada y encontrar un consenso.

La primera duda que apareció dentro del propio bloque oficialista fue en torno al jubileo impositivo. Algunos diputados no están de acuerdo en que se sancione una moratoria casi sin restricciones sin que se incorpore algún beneficio para quienes cumplieron sus obligaciones fiscales. Se negociará entonces que haya premios para quienes no entraron en mora, inclusive durante la crisis. Sería, además de cuestión ética, una señal para conseguir la aceptación social de una medida que el propio oficialismo ve cuestionada en la calle. No fue extraño que durante el fin de semana los diputados estuvieran pendientesde las cartas de lectores, mails y sitios de internet donde se vieron protestas por esa medida del gobierno.

Hay, además, otro punto que preocupa: la suspensión de acciones penales para los evasores que ahora podrían regularizar su situación por el mero hecho de cancelar sus deudas. Es cierto que toda moratoria amplia implica una medida de este tipo, pero frente a escándalos como el de Skanska (donde la mitad de la causa por evasión perdería estado judicial), en el Congreso se piden precisiones. En especial, los diputados quieren trabajar sobre los límites de la Ley Penal Tributaria, que por una cuestión de monto fija la diferencia entre un evasor agravado y la simple infracción de un pequeño empresario que no pudo cumplir con sus obligaciones. También se pretende encontrar alguna restricción más severa que la que ya contiene el proyecto -elimina del beneficio de suspensión de causas a los funcionarios involucrados- para el congelamiento de las acciones judiciales.

En la conducción del bloque kirchnerista la preocupación se agravó cuando empezaron a constatar que no muchos oficialistas están dispuestos a salir a defender la ley que envió Cristina de Kirchner. Este punto también incluye el título que trata sobre la repatriación de capitales. En el Congreso quieren avanzar en alguna modificación que diferencie, algo no demasiado fácil de lograr, entre los argentinos que tienen fondos depositados en el exterior por la falta de credibilidad en el país y quienes intentarán blanquearlos sin reconocer el origen por provenir, en muchos casos, de hechos ilícitos.

La ley fija que los beneficiarios no estarán obligados a declarar la fecha de compra de los fondos, no estarán sujetos al tratamiento de la ley para incrementos patrimoniales no justificados, quedarán liberados de toda acción civil, penal, administrativa y profesional, y exentos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar por los períodos fiscales comprendidos.