Peligro: ley de arrendamientos

Hace pocos días, en la localidad de Chacabuco, Cristina de Kirchner dijo que piensa elevar al Congreso un proyecto que modifica la Ley de Arrendamiento que rige en el sector rural. El texto no está aún disponible; sin embargo, ya circulan algunos lineamientos. En principio, los objetivos buscados incluyen mejorar la posición competitiva de los «pequeños y medianos productores», promover el «uso racional» del suelo y guiar al sector hacia un uso más racional de los recursos productivos. Según algunos, el Gobierno busca también insertar una cuña en la dirigencia política del sector, separando a los pequeños productores (representados por la Federación Agraria Argentina) y los medianos/grandes (representados por CARBAP y la SRA).

La iniciativa del Gobierno merece ser analizada con la mayor prudencia por parte de nuestros legisladores. En efecto, una cosa son las intenciones surgidas desde un despacho; y otra muy distinta, las de productores que -pese a tener que nadar contra la corriente- constituyen un ejemplo de eficiencia y adaptación al cambio.

Existe una muy abundante legislación nacional y provincial relativa a uso de suelo agrícola. En un trabajo reciente, el abogado Juan Carlos Acuña resume el marco legal imperante en la Argentina desde comienzos del siglo XX hasta la fecha. Leer este trabajo resulta un ejercicio interesante para aquellos que -si bien no son abogados- saben que el trigo se siembra en invierno y se cosecha a fin de primavera. El listado de los considerandos de las diversas leyes sorprende, en especial, por la distancia que media entre la cabeza del legislador y la realidad que éste trata de abordar. Abundan los propósitos, algunos de ellos nobles y otros no tanto. Falta, en cambio, una (mínima) justificación razonable de por qué se plantean las normas.

Según algunos, la propuesta legislativa del Gobierno busca «poner en pie de igualdad» a pequeños productores con aquellos de mayor tamaño. De lo que el Gobierno no se da cuenta, o no quiere reconocer, es que la prosperidad de las áreas rurales no depende de favorecer a cierto sector de empresas en relación con otro. La prosperidad se genera, en cambio, a partir de política pública que aumente los incentivos para la inversión de capital en toda la geografía del país. La oportunidad de empleo en áreas rurales -y no los subsidios a los chacareros- resulta el mejor anabólico para el aumento en el nivel de vida de los que viven en el campo o en pequeñas localidades. Educación, caminos, servicios de salud y de seguridad son algunos de los destinos para la inversión pública en nuestro enorme país rural. No créditos subsidiados o retenciones diferenciales.

La legislación propuesta también desconoce importantes realidades relativas al uso sustentable del recurso suelo. El concepto de que la tierra explotada en forma de contratos de arrendamiento de corto plazo (en el límite, anual) es causante de degradación es sencillamente erróneo. No existe ninguna investigación empírica que demuestre esto, ni aquí ni en países con un sector agrícola comparable con el nuestro. Por el contrario, investigaciones realizadas en la Universidad del CEMA muestran que la adopción de tecnología conservacionista fue una función creciente de: a) el tamaño de la empresa y b) del grado en que la tierra es explotada en forma de arrendamiento. Es más, los «pooles» de siembra no muestran una tendencia hacia una explotación más «extractiva» que otras formas organizacionales. La mayor disponibilidad de recursos financieros resultantes de acuerdos de arrendamiento debería en todo caso, resultar en una caída en el costo real del capital y, por lo tanto, en una reducción en la tasa a la cual se sacrifica producción futura en aras de mayor producción actual.

Los «expertos» que piensan mejorar la conservación del suelo desde un despacho legislativo deberían, además, darse cuenta de que aun cuando el arrendamiento sea de corto plazo, es el propietario de la tierra (y no el arrendatario) quien en última instancia decide qué tecnología usar. Y es el propietario el que sufre en carne propia la consecuencia

-menor productividad futura- de una tecnología inadecuada, sea provista por éste o por un tercero. En definitiva, son las restricciones sobre el derecho de propiedad de la tierra las causales más importantes de deterioro.

Ronald Coase hace tiempo ya planteó cómo la búsqueda de la eficiencia guía los acuerdos contractuales entre partes. Salvo muy justificados casos, interferencia en estos acuerdos contractuales puede resultar en considerables pérdidas de bienestar. Al respecto, algunos observadores del «despegue» agrícola ocurrido en la Argentina desde la década de 1960 opinan que éste tuvo como causal no menor la liberalización de contratos de arrendamientos rurales ocurridos a finales de esa década. No hagamos algo ahora de lo que después tengamos que arrepentirnos. La oposición, en particular, no debe dejarse llevar -como ha hecho en el pasado- por cantos de sirena que en última instancia socavan el funcionamiento del sistema de mercados y, por lo tanto, el crecimiento de nuestra economía.

(*) Profesor de la Universidad del CEMA.